Hay comunidades de Guatemala en donde las fallas en la señal de internet, el tránsito desesperante o los baches en las calles no le roban el sueño a la gente; en esos lugares no importa quien tiene una BlackBerry o un iPhone, si se lanza al mercado una nueva consola de videojuegos o si hay descuentos en las tiendas de ropa. A algunos, esto podrá parecerles sorprendente y para otros, es de lo más normal.

En esos lugares existen problemas básicos, fundamentales, que preocupan día y noche a las familias en situación de pobreza y extrema pobreza; conseguir comida y agua potable para subsistir y evitar las enfermedades comunes son tareas diarias que muchos de esos guatemaltecos excluidos no pueden cumplir. Y aunque lo intentan, no consiguen jugarle la vuelta a la muerte, que los acecha a diario y por eso pagan con sus vidas la factura de la inequidad.

Por desnutrición o enfermedades prevenibles mueren cada día varios guatemaltecos, muchas veces ante la mirada indiferente de las autoridades, que no ejecutan los programas sociales y también frente a los ciudadanos que a pesar de estar en una situación  privilegiada le dan la espalda a los problemas que no afectan su entorno cercano, y creen que no pueden hacer algo por los demás.

Acostumbrados a un ritmo de vida acelerada y envueltos en nuestros problemas cotidianos, los guatemaltecos urbanos, al menos la mayoría, nos olvidamos que más allá de la Capital existe un contexto social rural que necesita una intervención estatal de urgencia y que reclama atención después de muchos años de exclusión.

No se trata de victimizar a las comunidades rurales, entre las que prevalecen las poblaciones indígenas, sino de observar en una dimensión justa los desequilibrios socioeconómicos y geográficos, y aceptar que históricamente los gobiernos han centralizado el poder y la inversión pública en la Capital en detrimento del resto del país.

Ciertamente se han establecido importantes mecanismos para atender esta situación, como la creación e implementación de la Ley Nacional de Descentralización y el funcionamiento del Sistema Nacional de Desarrollo Social, pero hasta ahora esas herramientas aún parecen insuficientes y la cruda realidad del campo exige una reacción urgente del Estado.

No se trata solo de enviar contingentes de alimentos a las familias afectadas por la pobreza o hacer colectas de dinero para aliviar temporalmente los problemas y luego dejar los temas en el olvido; los ciudadanos conscientes, organizados y responsables pueden ejercer presión para exigir las respuestas efectivas de las autoridades y en caso del incumplimiento de deberes por parte de los funcionarios, también pueden exigir destituciones y despidos.

Exigir es una tarea difícil, complicada y a veces arriesgada, pero vale la pena hacerla solidariamente en nombre de los que no tienen voz y que por su nivel extremo de exclusión, no pueden pedir lo que por derecho les corresponde.

La caridad puede llenar estómagos, pero también es capaz de perpetuar problemas históricos. La solidaridad y la justicia social, en cambio, pueden transformar sociedades y garantizar un futuro promisorio para las nuevas generaciones de guatemaltecos.