Delicado tema el de que desde ayer inunda los titulares de medios, aprobar o no los bonos para pagar la deuda flotante de infraestructura pública. El CACIF no pudo pronunciarse institucionalmente porque uno de sus agremiados, la Cámara Guatemalteca de la Construcción, difiere de las demás cámaras en cuanto al mecanismo para honrar la llamada deuda flotante. Todos los miembros de la institución empresarial concuerdan que es necesario honrar la deuda pero todos excepto la CGC indican que no es con bonos como se debiera de atajar el problema.

Ya en varias oportunidades he opinado que el endeudamiento público es una aberración financiera a la que ya nos tienen acostumbrados los gobernantes.  La mecánica es la de siempre, ellos han aprendido que la construcción de obras tiene un beneficio doble, primero atienden las demandas de su clientela política y se empeñan en ganar adeptos y cumplir promesas de campaña, por otro lado se dan cuenta que la frágil y permisiva regulación les permite de paso quedar bien con algún compadre asignándole la obra, cobrar una bonita comisión por dirigir el proyecto a viejos conocidos  o poner su constructora para auto asignarse los fondos del proyecto. El peor de los casos es aquel de las obras fantasma, proyecto asignado, “ejecutado” y cobrado y cuando uno quiere ver lo construido simplemente no existe, desapareció!
Todo mundo sabe que una cantidad importante de la bendita deuda flotante fue contratada, asignada y ejecutada por medio de alguno de estos métodos poco ortodoxos y sin embargo existe la justa necesidad de pagarle a quienes bien obraron.  El problema es que todos los contratistas serios del país saben que el gobierno les otorga la oportunidad de llevar a cabo obras de gran magnitud y terminan sucumbiendo a las mieles de la ambición.  Muchas de las constructoras incluso se involucran en las campañas políticas para poder influenciar en el nombramiento de funcionarios con lo que pretenden tener palanca política para ser de los contratistas, el mejor pagado.  Es por eso que no se justifica que ahora el que pague los platos rotos sea el pueblo de Guatemala con el aumento de la deuda porque la mayoría de señores contratistas estaban muy bien informados de las condiciones bajo las que estaban trabajando y pensaron tener la situación bajo control con sus aportaciones e influencias electoreras.
Lo correcto sería que se hiciera totalmente pública la integración de la deuda flotante y que se indique qué funcionario la autorizó para que responda legalmente como responsable de la asignación.  ¿Bajo qué términos se contrató la obra? ¿Estaba facultado el funcionario para contratarla? ¿Existía la asignación presupuestaria del caso? ¿Se ha certificado la calidad de la obra? ¿Existe físicamente la obra?
Lo que no se puede hacer es otorgar un perdón general y pagarle a todo el mundo como barriendo la mugre bajo la alfombra.  Es justo y necesario que este gobierno se corra el costo político de destapar la olla de grillos y deducir responsabilidades a funcionarios, exfuncionarios y empresarios que sabían perfectamente lo que hacían.  Es importante sentar este precedente para que los funcionarios y empresarios se la piensen dos veces antes de volverse a meter a hacer de las suyas.
Ya el pueblo se cansó de aguantar que le metan goles y la abultada deuda que carga empieza a volverse pesada y peligrosa para las futuras generaciones.  Contratar deuda por medio de bonos para el efecto no es más que trasladar el costo político para el futuro.