Analistas de finanzas y transparencia señalan que la deuda flotante que el Organismo Ejecutivo pretende “honrar”, carece de legalidad, ya que no se tenía respaldo financiero cuando fue adquirida y tampoco se encontraba en la programación presupuestaria. Los expertos aseguran que se debería sancionar a los exfuncionarios que generaron dicho endeudamiento al Estado.

Los bonos que intenta emitir el Ejecutivo para el pago de la deuda flotante acumulada por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) suman Q3,445 millones; hasta ahora el Gobierno sólo espera que la Junta Monetaria le dé dictamen favorable a la propuesta para poder solicitar al Congreso el visto bueno a la emisión de más deuda para el país.

De acuerdo a Mayra Palencia, del Instituto de Investigaciones y Gerencia Política (Ingep), la deuda flotante se encuentra fuera del marco de lo que manda la Ley, ya que no cuenta con la disponibilidad financiera y que además no está que dicho endeudamiento se origina fuera de lo programado en el presupuesto, detalló.

Palencia indicó, que se debe investigar quién fue el funcionario que autorizó la deuda y las razones, ya que cayó en una ilegalidad adquirir un contrato, sin contar con el dinero necesario, comentó la de Ingep.

Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana, dijo que la deuda flotante es producto  del desorden que hay en la ejecución presupuestaria  y que se ha venido agravando y que no hay nadie que le quiera poner un alto a este “frenesí de irresponsabilidad y corrupción”,  es por eso que continúa, puntualizó.

 Marroquín agregó que esto continúa porque no hay sanción para los responsables que generaron el endeudamiento, “que para muchos es ilegítima”.

Carlos González De la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies, dijo que la obra que se realizó con los Q3,445 millones debe de tener respaldo de la construcción y de los procesos en el contrato.

González agregó que  lo malo es tratar de honrar una deuda en un año que no fue presupuestada, para lo cual se tendría que ampliar los ingresos del Ministerio de Comunicaciones, para que se pueda emitir una iniciativa de bonos, explicó.

También dijo que se tiene que investigar quiénes son los responsable de haber generado esta deuda, aunque se haya obrado de buena fe  debería de haber una sanción, porque el gasto no tenía un respaldo financiero y eso es ilegal,  ya que la ley del presupuesto es clara en establecer que si se hará una gasto se debe verificar que se cuente con la disponibilidad de los fondos.

De acuerdo al viceministro Dorval Carías, el dictamen de la Junta Monetaria será favorable, lo cual les permitirá realizar la ampliación en los ingresos del presupuesto del Micivi, lo cual será enviado al Congreso para que lo aprueben, relató.