En términos de construcción de paz, Guatemala se ubica en la posición 109 de 162 países evaluados, según el Índice Global de Paz 2013, elaborado por Vision of Humanity.

Guatemala ocupa el lugar 32 de 151 países en el plano mundial en cuanto a gastos para reducir la violencia, pues ha invertido apenas el 8% del PIB para el combate de este flagelo.

Según la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, el actual clima de violencia genera altos índices de pobreza en el país. Asimismo manifiesta que en promedio el 10% de los ingresos de los guatemaltecos se destina a contratación e inversión de seguridad, lo cual crea desigualdad social en los grupos considerados vulnerables en el territorio. Además, expresa que desde la Firma de los Acuerdos de Paz, se reportan casi 90 mil muertes por homicidios; actualmente la tasa de este flagelo es 32. 2 por cada 100 mil habitantes.

Para Fundesa, los altos niveles de violencia inciden negativamente en el clima de negocios en Guatemala, reduciendo la capacidad del país para atraer nuevas inversiones, lo cual se traduce en condiciones de mayor pobreza y marginación, lo que propicia escenarios de conflictividad, traduciéndose en más violencia, pues no se considera a la violencia como la mejor forma de solucionar las diferencias o problemas.

La organización afirma que a raíz de esta situación la sociedad ha visto mermada su confianza en las instituciones que tienen a su cargo la protección de las personas (PNC y tribunales de justicia), evidenciándose en las crecientes medidas de hecho que se han tomado para paliar las demostraciones de violencia e inseguridad que se siguen suscitando, lo cual provoca el debilitamiento de la institucionalidad del país, fomentando un mayor descontento, al tiempo que cualquier reforma es vista con escepticismo.

¿Cuánto cuesta contener la violencia?

De igual forma, señalan que el país pierde, con cada muerte violenta, la producción anual promedio de un guatemalteco no desempleado, lo cual, según las cifras más recientes del Banco Mundial, asciende a más de 13 mil dólares al año, ya que la muerte de una persona económicamente activa representa un impacto negativo en su familia, y muchas veces se convierte en la causa de pobreza.

Finalmente, Fundesa exige mayor transparencia y eficiencia en el uso de los recursos por parte del Estado para reducir la criminalidad.