El Informe de monitoreo de violencia y situación de derechos humanos revela que hasta junio del presente año, se ha percibido un incremento en los homicidios del 7.4% en comparación a 2012, pues se ha reportado un total de 3 mil 113 víctimas en el ámbito nacional, de las cuales 401 son mujeres y 2 mil 696 hombres.
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El Grupo de Apoyo Mutuo indica que las mujeres y los menores de edad siguen siendo los más vulnerable en los casos de homicidios, pues según los datos, en promedio dos mujeres fallecen diariamente víctimas de la violencia, y estiman que de continuar con esta cifra podría preverse que a final de 2013 se llegue a las 800 víctimas femeninas.
“En cifras frías, se ha percibido incrementos en crímenes que denotan crueldad tales como las masacres y desmembramientos, sin embargo, en torturas se puede observar un 5% menos que en el 2012”, expresa el boletín.
Asimismo, consideran que la zona 18, pese a esfuerzos del Ministerio de Gobernación, continúa siendo el área que reporta la mayor cantidad de víctimas que en otras zonas del país y que de la misma forma los municipios que siguen posicionándose en los primeros lugares de homicidios son Mixco y Villa Nueva.
La tasa por cada 100 mil habitantes en el territorio nacional en seis meses es de 42 víctimas, siendo Escuintla el departamento con el índice más alto, según el GAM.
La entidad expone que la mayoría de los crímenes cometidos en Guatemala, son ocasionados con arma de fuego, siendo el 84.8% de los casos los que se cometen con este tipo de arma. Además, indican que el 7.1% son causados con arma blanca y el 3.8% es por golpes fuertes. Finalmente, reportan que tanto el estrangulamiento como las lapidaciones representan un 2% del total de los crímenes.
Según reportes del Ministerio de Gobernación, se han detenido a mil 100 personas por portación ilegal de arma de fuego, lo que el GAM considera positivo; sin embargo, considera necesario reformar la Ley de Portación de Armas, para que ya no se pueda otorgar medida sustitutiva a quienes cometen este tipo de delito, y que no interfiera con los procesos judiciales.