El tema de la deuda flotante cobra actualidad porque ahora se pretende pagarla mediante la emisión de bonos. Una parte del empresariado se opone a ese procedimiento porque considera, con razón, que compromete la estabilidad económica del país al incrementar en forma alarmante el endeudamiento, mientras que otros, los directamente interesados, quieren que se les pague aunque sea a cambio de serios desajustes macroeconómicos.

Coinciden los empresarios en que es preciso “honrar la deuda” y ciertamente toda deuda bien adquirida, basada en ley y contraída decentemente, tiene que ser honrada. Pero la deuda flotante no tiene base legal, no fue bien adquirida ni, mucho menos, se contrajo de manera decente y por lo tanto el tema de honrar la deuda es sumamente cuestionable. Si yo construyo en terreno ajeno no puedo luego reclamar derechos sobre lo construido. Lo mismo pasa con el dinero público, puesto que si no había asignación presupuestaria, conforme a la ley, para contratar obra, el que se metió de farolero a ejecutarla no tiene boca con qué hablar porque no existe la base legal para sustentar el reclamo.
 
 Por ello es que yo pienso que es indignante que se hable de honrar la deuda sin mencionar para nada la necesidad de honrar la gestión pública, castigando y deduciendo responsabilidades a los que hacen micos y pericos con el dinero del fisco. Los contratistas tendrían que demandar a los funcionarios que les dieron los contratos y no al Estado del que hicieron piñata.
 
 Y, por supuesto, no podemos creer que los contratistas fueron sorprendidos en su “buena fe”, porque sabían perfectamente lo que estaban haciendo y apostaron a que mediante el procedimiento de la deuda flotante se les pagaran obras que no contaban con asignación presupuestaria. Esa historia no es nueva y ha sido parte de la forma en que se comportan empresarios y políticos para repartirse el pastel o, mejor dicho, el botín que pactan desde tiempos de campaña política.
 
 Por ello es que el tema puntual, que debiera unir a los guatemaltecos decentes, incluyendo a los empresarios que no forman parte de las mafias encargadas del saqueo del país, tiene que ser la necesidad de honrar la gestión pública, de terminar con prácticas indecentes que hoy son absolutamente toleradas. Estamos discutiendo sobre el pago de un trinquete como si se tratara en verdad de una deuda que el Estado tiene que honrar. No había asignación presupuestaria y por lo tanto no existe fundamento para que se haya contraído la deuda. Los funcionarios que firmaron los contratos no sólo tendrían que pagar ellos a sus socios de la construcción, sino que tienen que responder ante la justicia por malversación, puesto que, precisamente, ese es el delito en que incurre quien destina dinero a su cargo a rubros que no están contemplados en el Presupuesto.
 
 Es un absoluto descaro el que se hable del tema de la deuda flotante como si fuera una obligación legítimamente constituida en favor de personas que prestaron un servicio a la Nación. Nadie ha querido siquiera fiscalizar en forma individualizada esas deudas, porque lo primero sería determinar cuál es su base legal, luego medir la ejecución de la obra supuesta y por último establecer la forma de pago. Aquí empezamos por el final, puesto que nos enredamos en cómo hay que pagar una deuda que no se ha llegado a esclarecer desde ninguno de los puntos de vista que objetivamente le pueden dar sustento.
 
 Por supuesto que hay que honrar las deudas legítimamente contraídas y en eso no debe haber vuelta de hoja. Pero que nadie se haga de la vista gorda respecto a la necesidad, urgente y encarecida, de honrar la gestión pública que sigue en manos de piratas.