La irresponsabilidad o incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos va a seguir siendo cosa común hasta que no se propicie el castigo drástico por hacerlo y que seamos nosotros mismos, los ciudadanos, los que actuemos con energía y drasticidad con el Código Penal en la mano para evitar que sigan ocurriendo tantos desastres e inconvenientes derivados, porque desde el más encopetado funcionario hasta la última categoría de empleado les vienen del norte sus deberes. Se volvió modus vivendi llegar a ocupar un cargo público para realizar buenos negocios y no para cumplir las responsabilidades que las mismas leyes determinan.
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Dos ejemplos. Uno en el interior de la República y el otro en la ciudad capital. Ambos son muestras palpables del ingrato comportamiento de quienes hacen hasta lo imposible por ocupar un cargo público para llegar a servirse y no atender las necesidades de su comunidad. El pueblito se llama Santa Catarina Ixtahuacán, en el departamento de Sololá. Fue declarado inhabitable debido a múltiples hundimientos hace exactamente 13 años, después de sufrir el paso del huracán Mitch y de la tormenta Stan que provocaron que el terreno en donde estaba asentado se volviera un solo deslizamiento. Estas son las horas que nadie se ha preocupado por resolver su triste condición, dejando a más de 4 mil 700 personas abandonadas a su suerte.
No importa el nombre de la dependencia o funcionario que la dirija y que le corresponda resolver el problema. Desde la Conred, el gobernador departamental, los alcaldes, los ministros, directores o gerentes de dependencias públicas ni el mismo Presidente le ponen atención. Y si llegara a ocurrir la desgracia vaticinada, ni se preocuparían por llamar siquiera a los bomberos para recoger sus cadáveres. Esta es la clase de sensibilidad social de nuestros políticos de un tiempo a esta parte. ¿Por qué entonces se enoja el presidente Pérez Molina cuando se le señala responsabilidad al mal dirigir un Estado fallido?
¿El otro ejemplo? Lo tenemos cerca, sobre la 13 calle de la zona 11, debajo de la Calzada Aguilar Batres. Es el sitio conocido como paso a desnivel o viaducto que en mala hora se le ocurrió construir al alcalde Arzú sin percatarse que estaba mal diseñado, lo que quedó demostrado a los pocos días de haber sido solemnemente inaugurado con un aguacero que le transformó sus dos vías en profundos pozos de agua, lo que invariablemente sigue sorprendiendo a millares de conductores que lo utilizan como una conexión vital entre el oriente y el poniente de la ciudad en ese sector. ¿Alguien repara o indemniza por los daños y perjuicios ocasionados? ¡Qué averigüe Vargas! Es la respuesta a la que nos tienen acostumbrados nuestras autoridades. De ahí que pregunte: ¿cuándo perdimos el sentido de la democracia, de los derechos humanos, de la responsabilidad, honestidad y del acertado manejo de los fondos públicos?