El Congreso de la República no ratificó, aprobó o improbó el Estado de Calamidad –en los ocho departamentos afectados por el terremoto de 2012–, en el plazo de tres días que manda la Ley. Abogados consideran que la medida ahora es ilegal, debido a que no cuenta con el respaldo del Legislativo, pero el oficialismo insiste en mantener el sistema de adquisiciones sin licitación.
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El Congreso de la República realizó ayer –domingo– una inusual sesión para conocer la solicitud del Ejecutivo de ampliar la vigencia del Estado de Calamidad, pero los diputados no tomaron una decisión sobre el tema.
El presidente Pedro Muadi resolvió enviar a la Comisión legislativa de Gobernación el Decreto Gubernativo 10-2013, para su trámite y análisis.
En vista de que el Congreso no ratificó, aprobó o improbó el Estado de Calamidad como lo manda la ley, abogados y diputados indicaron que es ilegal su continuación y ahondaron en el trasfondo de la estrategia legislativa del oficialismo.
De acuerdo a esto el abogado Estuardo Ralón dijo que el Congreso está incumpliendo con lo establecido en el artículo 138 de la Constitución.
El Ejecutivo debería de revocar el estado de Calamidad, ya que es “ilegal”, explicó Ralón.
El letrado indicó que en los Estados de Excepción es mandato constitucional que el Congreso ratifique o impruebe, pero que no se envié a comisión, ya que se están restringiendo garantías constitucionales.
Rodolfo Rohrmoser, coincidió con lo declarado por Ralón e indicó que todo lo efectuado durante la vigencia del Estado de calamidad es “ilegal”.
TRASFONDO: EVADIR CONTROLES
En cuanto a esto el jefe de la bancada Todo, Jorge Mario Barrios Falla, indicó que la continuación del estado de Calamidad, además de ser “ilegal”, ya no tiene sentido, porque la emergencia ya pasó; la reconstrucción está retrasada y la población sufre.
El diputado señaló que se está utilizando para realizar compras en la modalidad de excepción, para evadir los controles que establece Ley de Contrataciones del Estado.
El congresista agregó que hasta el momento, el Congreso no tiene un informe de la reconstrucción y que por eso ha solicitado establecer una comisión para fiscalizar el proceso de reconstrucción, manifestó.
Luis Pedro Álvarez de Encuentro por Guatemala, también señaló que el uso del Estado de Calamidad lo utilizan para realizar compras millonarias sin licitar.
El diputado añadió, que el proceso es ilegal y que es por eso que interpusieron un amparo en contra de la Junta Directiva, por no seguir el proceso legal de aprobación. Concluyó.
En cuanto el diputado de la Unidad Nacional de Esperanza, Carlos Barreda, dijo que el estado de Calamidad no debería de continuar, ya que no ha sido ratificado por el Congreso y que hay un precedente de la Corte de Constitucionalidad, donde indica que el legislativo lo deberá ratificar o improbar y que únicamente lo están haciendo para realizar compras por encima de los Q90 mil por excepción.