La Unidad de Delitos contra Activistas de Derechos Humanos de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP) presentará este día acusación formal en contra del exjefe de seguridad de la Minera San Rafael, Alberto Rotondo, por los delitos de lesiones graves, lesiones leves y obstrucción a la persecución penal.
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El Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (CALAS), acompañante jurídico de las víctimas informó que al llegar a debate solicitarán 28 años de prisión para Rotondo y sindicaciones de autoría intelectual para la minera y uno de sus directivos.
El abogado de CALAS Rafael Maldonado informó que antes de las 15:30 horas en Barberena Santa Rosa, el MP presentará acusación formal en contra del exjefe de seguridad de la minera, sindicado de ordenar herir a siete personas que se oponían a la operatividad de dicha empresa, el pasado 27 de abril.
Según el entrevistado, al llegar a la fase de debate se solicitará 28 años de cárcel para Rotondo por el daño causado; cuatro años por cada víctima, que son siete.
Agregó que buscarán se sindique por la “autoría material” de este hecho a dicha empresa y uno de sus directivos, por intentar ayudar a escapar a Rotondo.
La Hora intentó conocer más detalles del caso, por medio de la fiscal Claudia López encargada de la investigación, pero indicó que no podía informar sobre la diligencia.
Por aparte, se intentó obtener la reacción de Andrés Dávila, coordinador de Comunicación Corporativa de la minera, pero al cierre de este vespertino indicó que no podía pronunciarse al respecto, sino pasado el mediodía.
CRONOLOGÍA
El 27 de abril fueron agredidos por arma de fuego siete comunitarios que protestaban en contra de la actividad mineraSegún las escuchas telefónicas con las que el MP ha sustentado la investigación, Rotondo dio la orden de atacar a los vecinos de este lugar; tres días después pretendían huir del país, pero fue detenido en el Aeropuerto Internacional La Aurora.
El 7 de mayo pasado el jefe de seguridad quedó ligado a proceso por tres delitos, pero fue beneficiado con arresto domiciliario.
El 15 de mayo Juan Pablo Oliva Trejo, supuesto asesor de la minera, también fue ligado a proceso por el delito de encubrimiento propio. El juez dictó como medidas sustitutivas el arraigo, prohibición de salir del país y la obligación de firmar cada 15 días el libro de asistencia en el Juzgado de Paz de Fraijanes.
Mientras que los 16 pobladores detenidos durante el Estado de Sitio en San Rafael Las Flores en Santa Rosa, así como en Mataquescuintla y la cabecera de Jalapa, aún permanecen detenidos porque, según familiares y organizaciones sociales que acompañan el proceso, la Fiscalía contra el Crimen Organizado se niega a recibir las pruebas de descargo de los sindicados.