El burdo procedimiento que siguió el Presidente del Congreso para reírse de lo que dice la ley en cuanto al papel del Congreso para conocer de las restricciones de garantías constitucionales establecidas en la ley de orden público es una muestra del más absoluto irrespeto a la legalidad que hay en nuestro país cuando se trata de asegurar los mecanismos para que se pueda gastar el dinero público sin rendirle cuentas a nadie. El artículo 6º de la Ley de Orden Público tajantemente establece: “Inmediatamente después de emitido el decreto que establece el Estado de Alarma, de Calamidad Pública o de Sitio, se dará cuenta al Congreso de la República para que lo ratifique, modifique o impruebe.”

Nótese que la Ley dice INMEDIATAMENTE, lo cual excluye que el asunto sea trasladado a una Comisión legislativa porque se ordena al Congreso, que ratifique, modifique o impruebe el Estado de Calamidad, en este caso. Sin embargo, el señor Muadi se saca de la manga un procedimiento que no tiene fundamento legal, pero lo hace con la seguridad de que en Guatemala todo mundo se puede pasar las normas por el arco del triunfo porque no hay mecanismos de rendición de cuentas ni control de la legalidad.
 
 El mismo gobierno ahora anuncia que hará la construcción de prisiones mediante procedimiento de excepción y se recurre a la norma que en casos urgentes permite las compras directas, sin llenar los requisitos que establece la ley. Basta con dejar de hacer las cosas para luego hablar de urgencia. Pérez Molina como candidato dijo que la construcción de presidios era absolutamente necesaria y que sería de las primeras cosas que haría. Año y medio después de estar en el poder no han hecho nada, pero corren a usar el criterio de excepción porque así pueden hacer lo que se les antoje con los contratistas escogidos a dedo.
 
 Si así se comportan los políticos experimentados, qué sorpresa puede causar que un tipo sin experiencia ni conocimientos, como Muadi, haga lo que está haciendo en el Congreso. Aquí cualquiera, literalmente hablando, cualquiera hace lo que se le ronca la gana con la mayor desfachatez y caradura porque no hay mecanismos ni políticos, ni sociales y mucho menos legales para castigar a quienes abusan de su poder. La Corte de Constitucionalidad debiera de oficio no sólo enmendar el procedimiento en el Congreso sino certificar lo conducente para que el responsable de esa barrabasada sea sometido a antejuicio y castigado penalmente por violación de las normas con jerarquía constitucional como es la Ley de Orden Público.
 
 Salta a la vista que Muadi no tiene la menor idea de por qué se estableció ese mecanismo de control para cuando se imponía una restricción de las garantías constitucionales. Se trata de asignar al Poder Legislativo un papel de fiscalización para evitar abusos tan corrientes en nuestra historia, de parte de gobiernos autoritarios que utilizaron la ley de Orden Público para hacer micos y pericos con las libertades de la gente. Ahora resulta que esa Ley se convierte no sólo en instrumento de represión, como siempre fue, sino en manto para encubrir la realización de negocios como lo que hay alrededor del tema de la reconstrucción.
 
 Es evidente que el manoseo legal en el país se hace con fines avisos para asegurar el impune asalto al erario público. Y qué mejor que tener a un monigote que no tiene ni la menor idea de lo que es el Estado de Derecho y que, embriagado de su efímero poder, ignora normas tan claras que hasta un niño puede entender sin necesidad de asesores porque su redacción no deja lugar a dudas.