Tras meses de discusiones, la Comisión Europea presenta mañana su controvertida propuesta de reforma de las ayudas comunitarias a los vitivinicultores, que tiene como objetivo declarado modernizar el sector y responder a la ofensiva de los vinos del «Nuevo Mundo».
La cuestión promete duras negociaciones con los principales países productores de la UE, entre ellos España, preocupados por dos ejes de la reforma: la reducción de viñedos y el final de las subvenciones a destilaciones de crisis por sobreproducción.
En efecto, la intención de la Comisión Europea es poner fin al exceso crónico de producción y utilizar mejor el dinero comunitario, orientándolo por ejemplo hacia la promoción, para lo cual propondría invertir unos 120 millones de euros anuales entre 2009 y 2015.
Si bien la Unión Europea continúa siendo el principal productor y exportador de vino, las cifras muestran una competencia cada vez más fuerte con los vitivinicultores del «Nuevo Mundo», un heterogéneo grupo conformado por australianos, californianos, chilenos, argentinos y sudafricanos.
Estos países han multiplicado sus exportaciones mundiales en los últimos 25 años, ya que tienen actualmente el 21,4% del mercado contra 1,7% a principios de los 80, según un estudio de la Organización Internacional del Vino.
Además, mientras las importaciones de vino a la UE progresan a un ritmo del 10% anual desde hace 10 años, las exportaciones apenas han aumentado.
Con este panorama, y tras un año de negociaciones con los Estados miembros de la UE, los eurodiputados y los profesionales del sector, la comisaria europea de Agricultura, Mariann Fischer Boel, presentará el miércoles una propuesta cuyas grandes líneas ya son conocidas, aunque incluye algunas variantes respecto al anteproyecto difundido en junio de 2006.
Aunque Bruselas mantiene su idea de reducir el cultivo, cedió en parte en cuanto a su alcance, recortando la superficie propuesta de 400.000 hectáreas (es decir el 12% del total plantado en la UE) a 200.000 hectáreas, con un paquete de 1.200 millones de euros para los productores que se plieguen a la oferta.
A cambio de esto, la Comisión debería conseguir que los Estado miembros pongan fin al costoso sistema de la destilación de crisis, permitiendo en contrapartida que los vitivinicultores beneficien de medidas nacionales más limitadas de gestión de crisis, según fuentes comuntarias.
El sistema de destilación de crisis, destinado a dar salida al exceso de producción, cuesta unos 500 millones de euros anuales, es decir más de un tercio del presupuesto comunitario para el sector, que se eleva a 1.300 millones de euros.
Otro punto de la reforma, la simplificación de las reglas de etiquetado de las botellas, juzgadas como demasiado complejas y confusas para los consumidores, parece acordada, al igual que el lanzamiento de una importante campaña de promoción mundial de los vinos europeos.
El hecho de que Portugal presida actualmente la UE debería acelerar las negociaciones entre Bruselas y los 27, ya que la cuestión es considerada una prioridad para este país, entre los principales productores de vino de Europa.