El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) presentó un estudio sobre las ejecuciones extrajudiciales, en el cual se revela que la impunidad en el Sistema de Justicia sigue siendo un obstáculo para esclarecer esos delitos.

Juan Francisco Soto, de CALDH, señala que la impunidad que se registra desde el Conflicto Armado Interno hasta hoy, hacen que los mismos parámetros y los modos de operación continúen en relación a las ejecuciones extrajudiciales.

Según el registro de esta entidad, se han presentado 6 mil 805 denuncias por ese delito del 2005 al 2012. Sin embargo, muchos de estos hechos ocurrieron durante el Conflicto Armado Interno, de éstos únicamente en 22 casos se dictó sentencia, 13 fueron condenatorias y 9 absolutorias y se finalizaron 413 procesos.

El estudio revela que en Guatemala la ejecución extrajudicial afecta principalmente a personas adolescentes y jóvenes, habiéndose ampliado el perfil de las víctimas, incluyendo ahora a grupos cuya existencia se convierte en “indeseable”, debido a que sus formas de ser, pensar y actuar no se ajustan a lo “socialmente aceptado”.

Asimismo, los autores del delito han variado, ampliándose la responsabilidad del Estado, atendiendo a su inactividad y a lo que puede ser interpretado como la política de dejar hacer y dejar pasar, poniendo en relieve el mantenimiento de las condiciones estructurales que favorecen la eliminación física de personas; además del inadecuado tratamiento de los casos de ejecución extrajudicial, todo ello propiciando que este crimen de lesa humanidad continúe oculto y en la impunidad.

Soto señala que en este sentido se ha cambiado la estigmatización para realizar este delito, ya que antes era “el comunista”, “el guerrillero” y ahora es “el indeseable”, “el que piensa diferente a los estándares que rige el Estado”, siendo éstos quienes entran en la categoría de enemigos, “mientras esa mentalidad no cambie es muy difícil que las ejecuciones terminen”.

Además, indica que en el tema de la impunidad es que existe poca investigación y trabajo para llevar a juicio a los responsables de estos delitos, siendo una responsabilidad del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil para investigar si existe este tipo de delitos en el sistema.

Según el activista, el Sistema de Justicia de Guatemala es débil, en el cual aunque han existido avances y esfuerzos por fortalecer este sistema, “es un sistema que a todas luces deja mucho que desear, los índices de impunidad en el sistema de justicia revelan que no se tiene una efectividad real para parar este mal”.