Hoy se está realizando un evento para considerar el impacto, un año y medio después, de los cambios impositivos que fueron aprobados por el Congreso de la República y de los cuales ya quedó fuera el del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos, mientras otros están pendientes de resoluciones en la Corte de Constitucionalidad, en tanto que el gobierno se vio obligado a decretar una amnistía ante el agobio que significa la caída de ingresos.
Creemos, y siempre lo hemos sostenido, que es deber de los ciudadanos contribuir en forma justa al sostenimiento del Estado, especialmente para sufragar los gastos que permitan compensar al menos en parte la deuda social que se ha acumulado en el país por años y décadas de abandono a la gente más necesitada. No creemos en impuestos confiscatorios ni en que el Estado juegue el papel de un Robin Hood, quitando a los ricos para repartirlo a los pobres, pero sí en la necesaria solidaridad que tiene que haber en una sociedad para invertir de forma que se puedan ofrecer oportunidades parejas para todos los habitantes del país, eliminando la exclusión y marginación.
Sin embargo, no podemos negar que la corrupción está jugando un papel importantísimo en la moral tributaria de los ciudadanos porque hay sobradas razones para suponer que el dinero de los contribuyentes va a parar a los bolsillos de los políticos y de sus financistas de campaña, sin que el dinero llegue a la gente que verdaderamente necesita beneficios en educación, salud y seguridad, por lo menos.
Aparte de ello tenemos el problema de un gobierno y un Congreso que se muestran incompetentes, porque aprueban leyes que luego no resisten al análisis del tribunal constitucional y por ello la incertidumbre que existe se traduce en baja de recaudación porque la gente no sólo se resiste a dar más dinero a los sinvergüenzas, sino que sabe que las leyes están mal redactadas y por lo tanto son susceptibles de quedar sin efecto.
Con ello se pone en bandeja de plata la excusa para que se mantenga la resistencia a los impuestos. Resistencia que es natural en todos lados, pero que aquí tiene una altísima justificación porque es muy fácil demostrar que hay voracidad de los políticos y de sus socios empresarios para beneficiarse con el dinero del erario.
De alguna manera el guatemalteco se muestra cimarrón porque en vez de protestar y salir a la calle para condenar la corrupción, simplemente escamotea el pago de impuestos reduciendo la disponibilidad para el enriquecimiento ilícito de tanta gente que ha hecho del trinquete su medio de vida.
Minutero:
Con leyes mal redactadas
quieren subir los tributos;
imposible pedirles pensadas
a tamaña partida de brutos