Una delegación de altos funcionarios del gobierno del presidente Juan Manuel Santos viajó el jueves a la región del Catatumbo, en el noreste del país, con la intención de comenzar negociaciones destinadas a poner fin a una protesta campesina que ya se extiende por más de dos semanas y ha dejado cuatro muertos.

Sin embargo, en una muestra de la brecha que separa a las partes y las dificultades para resolver la protesta, voceros de ambos bandos expresaron en la jornada su negativa a negociar bajo el sistema en que el otro lado lo exige.

El gobierno, que encara en el Catatumbo la más grave manifestación desde inicios de año cuando los que protestaron fueron los cultivadores de café, quiere comenzar a negociar de inmediato y debatir simultáneamente los reclamos de la comunidad, mientras voceros de los campesinos exigen discutir primero un tema y, cuando haya acuerdo en ese punto, pasar al otro.

Los representantes de la protesta «nos están planteando que la metodología (de la negociación) sea diferida como para varios días…e inclusive, como están, hasta para meses. No,… tiene que ser ya», dijo a reporteros Luis Eduardo Garzón, alto consejero para asuntos sociales y quien encabeza la delegación gubernamental.

«Estamos dispuestos…a que estemos todo el fin de semana discutiendo, pero necesitamos desbloquear eso (la protesta) sobre la base de negociar ya», agregó Garzón a periodistas en el aeropuerto de Bogotá antes de partir al Catatumbo, una región ubicada en el departamento de Norte de Santander y a unos 420 kilómetros al noreste de Bogotá.

La delegación también la integran el ministro de Agricultura Francisco Estupiñán y el viceministro de Defensa Jorge Bedoya, entre otros funcionarios.

Los principales reclamos de los manifestantes son que se suspendan los planes de erradicación de coca, materia prima de la cocaína, que se financien programas de cultivos alternativos y que el gobierno apruebe que las 346.000 hectáreas de los siete municipios del Catatumbo se conviertan en una «zona de reserva campesina», una figura legal de 1994 por la cual los campesinos reciben sus títulos de propiedad de la tierra, en general producen de forma cooperativa y el Estado garantiza el financiamiento para carreteras, salud y educación.