En su gobierno, Álvaro Colom se refería a los funcionarios envueltos en actos corrupción como “tiburones y lagartos, que nadan debajo de nosotros y que podemos ver”, mientras que el actual presidente Otto Pérez Molina comparó el problema de la corrupción con “un monstruo de mil cabezas” en el Estado.

Por sus declaraciones, ambos parecían tener muy claro el mismo problema y lo presentaron como un mal visible, pero al igual que sus antecesores, ninguno ha utilizado su poder para erradicar ese flagelo, sino por el contrario, parece afianzarlo.

La falta de herramientas de transparencia presupuestaria, la falta de aplicación de leyes severas contra la malversación de fondos y la manipulación que se hace del sistema de justicia son los principales aliados de la corrupción, pues con estos elementos los actos anómalos que ocurren con el manejo de los recursos públicos se suscitan bajo el amparo de la impunidad.

A pesar de la “recién” aprobada Ley contra la Corrupción, los políticos no han tomado cartas en el asunto y el saqueo del erario solo cambia de manos cada cuatro años sin consecuencia legal alguna; aunque no hay documentos financieros claros sobre el problema, sí hay evidencias físicas de cómo se desarrollan este tipo de delitos a partir del ámbito político.

En el contenido del Presupuesto General del Estado nunca habrá partidas para el robo de recursos y corrupción, pero si se sabe leer entrelíneas, una persona puede entender que la extracción de recursos públicos con destinos particulares se encuentra prevista en la programación del gasto que hacen los funcionarios del Estado.

La previsión de la corrupción puede iniciarse desde que empieza una campaña política y los candidatos reciben dinero a manos llenas que los comprometen con los financistas y por ello, dejan de lado a la población que los elige; luego, una vez empieza un periodo de gobierno, la corrupción se termina de fraguar cuando se programan las obras y negocios públicos en los que se estipulan márgenes de ganancia para los funcionarios y los contratistas, y no para el Estado; por ejemplo, obras más caras o medicinas sobrevaloradas, usufructos o cualquier otro tipo de compra, adquisición, contratación o concesión.
 
La corrupción en la que participan los financistas de campaña se realiza otorgándoles beneficios a las empresas que les pertenecen, al darles prioridad para las compras y contrataciones que hace el Estado anualmente, tanto en el área de inversión, como en la de adquisiciones. El tráfico de influencias o lograr que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) no fiscalice a los financistas, es algo que también se solicita.

Otra forma es contratar directamente las empresas de los financistas políticos, y así el funcionario gana una comisión por el pago que se le hace a la firma privada.

En este punto de beneficios se juega un factor importante, el cual consiste en que no siempre la empresa beneficiada ofrece el mejor precio y tampoco hace la mejor obra; entonces se entiende que la mediocridad o mala calidad de los servicios y bienes públicos deviene de un contrato que dejó ganancias para particulares o funcionarios.

Que los funcionarios públicos hagan negocios a costas de fondos públicos es ilegal, ya que la Ley de Contrataciones establece: “El funcionario o empleado público que fraccione en cualquier forma la negociación, con el objeto de evadir la práctica de la cotización y licitación, será sancionado con una multa equivalente al dos punto cinco por ciento (2.5%) del valor total de la negociación, se haya o no suscrito el contrato”.

EN EL FONDO

Alberto Fuentes Knight, exministro de Finanzas Públicas de los dos primeros años del gobierno del expresidente Colom, relata en su libro “Rendición de Cuentas” lo vulnerable que es el Presupuesto General del Estado sin transparencia y normas presupuestarias claramente establecidas, aunque él nunca lo haya denunciado de forma clara y abierta cuando era Ministro de Finanzas.

Fuentes Knight especifica en su libro uno de los tantos casos, el de los diputados. Él cuenta cómo las contrataciones de empresas para proyectos estatales estaban copadas bajo el desarrollo de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), de las cuales se beneficiaban económicamente un grupo de diputados, tanto distritales como nacionales, a los cuales el exministro y economista llamaba “diputados empresariales”.

Mientras que Colom se refería a ellos como los “tiburones y lagartos, que nadan debajo de nosotros y que podemos ver”, Fuentes Knight explicó en su libro que “es el negocio político”. La contralora General de la Nación, Nora Segura, le llamó: “la corrupción que no se ve”, ya que el congresista o funcionario suele poner a nombre de otra persona una empresa que le pertenece y que se beneficia con el dinero del Estado, según declaró en una entrevista publicada por La Hora, aunque no por eso es imposible de detectar y castigar.

Más recientemente el presidente Otto Pérez Molina dijo que se trata de un “monstruo de mil cabezas”. Todos apuntan a que a pesar de las dificultades de investigación, la corrupción se puede encontrar y castigar si se tiene voluntad de hacer las cosas bien, extremo que ninguno de nuestros gobernantes de la era democrática ha tenido.

El exministro también manifestó en el escrito la necesidad de que los fideicomisos establecidos con fondos públicos, como el Fondo Nacional para la Paz y el de la Unidad de Conservación Vial, ya no tuvieran a su cargo un mayor número de obras, ya que dicha figura no es fiscalizable, porque el administrador de los fondos son bancos privados de la banca nacional.

SOBREVALORACIÓN Y MALA CALIDAD

El también exministro de Finanzas, Edgar Balsells, explica que mediante las compras y contrataciones se fuga el dinero público hacia el bolsillo de los funcionarios, políticos y los socios particulares, a quienes las autoridades favorecen con su influencia y con los privilegios pueden programar la sobrevaloración del producto o proyecto requerido, que otras empresas podrían ofrecer a un costo menor.

Balsells aseguró que esto genera mala calidad del gasto, debido a que no siempre las obras o productos obtenidos cumplen con las características establecidas para ser adecuadas a las necesidades del Estado, que es lo que se espera cuando se hace este tipo negocios.

El excontralor Carlos Mencos indicó que cuando se hace mal uso y manejo de los recursos al ejecutar una obra en particular es por falta de moral en los políticos, empresarios o funcionarios.

De acuerdo a Marvin Flores, de Acción Ciudadana, el presupuesto sufre diversos tipos de manipulación con el propósito de asignar más fondos a obras públicas –muchas veces sobrevaloradas–, a las cuales técnicamente se les puede destinar menos recursos.

El analista de Acción Ciudadana indicó que una de las técnicas para hacer lo mencionado es manipular el listado geográfico de obras, y beneficiar a determinados departamentos o municipios, para luego encauzar los recursos a una ONG o fideicomisos.

LA CORRUPCIÓN Y LAS INSTITUCIONES

A pesar que en el presupuesto no hay fondos destinados para actos de corrupción, los expertos aseguran que hay instituciones en la cual está concentrado el robo constante al Estado.

Flores aseguró que es en el Ejecutivo donde hay más instituciones que cometen anomalías en torno a los fondos presupuestados, tales como el Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo, al que considera como el ente del gobierno central más propenso a que se cometan actos de corrupción.

Esto debido a que los controles de fiscalización son muy débiles y que todos los recursos que ahí se manejan tienen que ver con diputados o con otros elementos políticos, aseguró Flores.

 El analista de Acción Ciudadana señaló que después de los Consejos de Desarrollo, están los fondos sociales, que se enfocan en la obra pública, como el Fondo Social de Solidaridad, ya que funcionan como fondos y fideicomisos al mismo tiempo, los cuales son más difíciles de fiscalizar.

También están ministerios que trabajan en obra pública, como el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), “así como otros proyectos de uso clientelar como el Ministerio de Desarrollo Social”, aseguró. En los últimos años, el Ministerio de Energía y Minas se ha sumado a ese rubro de “centros de negocios” por la emisión de licencias estatales para diversos proyectos.

De acuerdo a Mencos, el tema de fideicomisos ya se ubica en la vista pública, igual que las ONG, “ya que cuando realizaba los informes de la contraloría, éstos eran donde percibía que era ahí donde más podría darse la corrupción por la discrecionalidad de la adjudicación de obras y servicios”.

Según Mencos, las instituciones en las que la mayor parte de los fondos se destina a sueldos y salarios casi no hay corrupción. También aseguró que la corrupción se enraíza donde la mayor parte de los recursos va dirigida para compras e inversión.

En cuanto al Organismo Judicial (OJ), según Flores, la corrupción por mal uso de los fondos del Estado se encuentra en la elaboración de infraestructura y adquisición de equipo, pero que a diferencia de otras instituciones, la corrupción no es tanto por efectos financieros, sino que por manifestaciones en el tráfico de influencia.

Mencos consideró que en el OJ, como en otros Organismos, siempre se han detectado fallas en los procesos administrativos, pero la corrupción en el manejo de recursos públicos en el OJ no tiene el mismo impacto o magnitud como la que ocurre en el Organismo Ejecutivo, detalló.

BÚSQUEDA DE LA TRANSPARENCIA

Según el excontralor, cada día se deben implementar más herramientas de control presupuestario y evaluar de forma permanente todos los modelos de ejecución, para que en las compras y contrataciones no pueda haber corrupción, así como establecer más refuerzos al Sistema de Compras y Contrataciones del Estado, explicó.

Pese a que la vicepresidenta, Roxana Baldetti ha mencionado en varias ocasiones que lo que se pierde en corrupción son alrededor de Q15 mil millones, Mencos aseguró que esto es muy difícil de medir.

El excontralor aseveró que es muy arriesgado hablar de cifras en términos absolutos o negativos de cuanto pierde el Estado en corrupción. “Lo que sí se percibe es que cifras importantes de los recursos públicos podrían estarse desviando del presupuesto público para corrupción”, dijo.