El peor producto que la democracia genera en nuestro país son los diputados. Sí. Los diputados. Esos mismos que constituyen el Congreso de la República, que es el Organismo Legislativo del Estado. Son el peor producto de la democracia, hasta ser un mal nacional creativamente renovado por cada nueva legislatura.
Son un mal nacional, no individualmente, sino como un todo en el que no se disciernen partes; un todo que es una desgraciada masa homogénea, absurda y repulsiva; o que es una infortunada carga indiferenciada, pesada y sórdida; o que es un ominoso cuerpo cenagoso, terrorífico y peligroso. Son un mal nacional convertido en el mayor problema de la democracia. Son un mal que, como género, tiene multitud de perniciosas especies, entre las cuales destacan tres especies conexas: mal económico, mal político y mal moral.
Una de las funciones de los diputados es legislar; y el beneficio que la sociedad tendría que obtener de la función legislativa de ellos consiste, no en multiplicar el número de leyes decretadas, sino en la idoneidad de la ley para mejorar el régimen jurídico del Estado. Empero, si la medida del beneficio de tener diputados es esa idoneidad jurídica de la ley decretada, hay que declarar urgentemente que tenerlos no es beneficioso, sino que es costoso y hasta costosísimo. Por ejemplo, durante el presente año, tener diputados costará 651 millones de quetzales. El beneficio tiende a la nada y el costo tiende al infinito.
Los diputados decretan leyes, no con el fin de perfeccionar el Estado republicano o el modo democrático de gobierno, sino con el fin de obtener más beneficios para ellos mismos y para el partido político al cual pertenecen. Entonces, por ejemplo, se abstienen de reformar la ley para reducir el número de diputados, o decretan una ley que obliga al Estado a financiar a los partidos políticos. Y uno puede tener la certeza de que no reformarían la ley para suprimir el denominado “derecho de antejuicio” en el caso de que cometan delitos ordinarios, aunque la reformarían para garantizarse plena impunidad vitalicia. Las leyes políticas que decretan son leyes para servir el interés privado de los políticos mismos y sus partidos.
Los diputados consumen recursos fiscales como si no pudieran ser asignados para lograr finalidades más urgentes, o como si el problema del Estado fuera, no cómo asignar óptimamente los escasos recursos, sino cómo consumirlos pésimamente. Mencionaré un ejemplo: en el año 2011, los diputados que constituían la Junta Directiva del Congreso de la República contrataron, para su servicio, 219 personas, cuyo costo anual equivalía a 28 millones de quetzales. Y tratan de ocultar el uso de los recursos fiscales. Recientemente, por ejemplo, los diputados decidieron que tiene que ser ocultada una parte esencial de la información que antes, cada cuatro meses, publicaban sobre la ejecución del presupuesto financiero del Congreso de la República. Quien pretenda obtener la información ocultada tiene que solicitarla conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública. No hay indicios ni aun de una modesta intención de moralidad y honestidad en el uso de los recursos fiscales.
La sociedad guatemalteca tendrá que aprobar una reforma constitucional que limite de manera extraordinaria el poder de los diputados, de modo que no puedan ser un poder malefactor nacional. Por ejemplo, debería limitar la naturaleza de las leyes que pueden decretar; las funciones que les competen; la atribución que tienen de crear impuestos y deuda pública; y el costo que pueden aprobar para mantener el Congreso de la República. Hasta deberían ser despojados del poder de elegir y destituir al Jefe de la Contraloría General de Cuentas.
Post scriptum. Actualmente una “depuración” puede ser una solución provisional, como lo fue en el año 1993. El presidente Otto Pérez Molina podría promover legalmente la nueva depuración.