A Benjamin Franklin se le atribuye haber dicho que “Cualquier sociedad que renuncie a un poco de libertad para ganar un poco de seguridad, no merece ninguna de las dos cosas” y la frase ha sido citada ahora infinidad de veces en los medios norteamericanos en el contexto del debate sobre la decisión del Gobierno de realizar vigilancia de las comunicaciones de particulares para prevenir actos de terrorismo. Personalmente creo que la afirmación es lapidaria y por ello he dicho varias veces que los atentados terroristas de Septiembre del 2001 tuvieron un efecto funesto para la sociedad norteamericana porque, precisamente, la colocaron en ese dilema y el efecto ha sido justamente el previsto por Franklin.

Históricamente todos los gobiernos, cuando sienten alguna amenaza a su seguridad o hacia la seguridad de los ciudadanos, toman medidas policiales para prevenir o reprimir a los responsables de esa zozobra. Medidas que generalmente sacrifican, de entrada, las libertades porque el mismo ciudadano facilita las decisiones cuando expresa que, puesto en la disyuntiva, prefiere la seguridad a la libertad y se dispone a renunciar a parte de su libre albedrío.
 
 El problema puede ser muy grave si quien asume la potestad de espiar a los ciudadanos es una persona inescrupulosa a la que importa poco el derecho del individuo, su privacidad e intimidad. Obama fue crítico muy férreo del comportamiento de Bush y Cheney en materia de restricción de los derechos individuales porque, como mucha gente, pensaba que la obsesión de ambos resultaba peligrosa y les hacía perder la dimensión de su poder. La forma en que inventaron el tema de las armas de destrucción masiva en Irak para justificar una guerra que fue un auténtico capricho le dio la razón a Obama cuando formuló esas críticas.
 
 Pero ahora incurre en el error de pensar que si la vigilancia se produce bajo su supervisión, el problema desaparece porque él es más respetuoso de las leyes y cuidadoso. Error repetido por muchos que se creen “buenos” a lo largo de la historia, porque abren el camino y la brecha para que después vengan otros que usarán el precedente para actuar criminalmente en contra de los ciudadanos. El principio es lo que vale y por ello la Constitución de los Estados Unidos es clarísima en el reconocimiento del derecho a la privacidad y la intimidad, porque una vez hecha la excepción se abre la puerta para el abuso.
 
 El Gobierno sostiene que sus escuchas y la intercepción de mensajes de internet han sido fundamentales para prevenir otros atentados, lo que significa garantía de seguridad para los habitantes. La gente se resigna en buena medida, como se han resignado a casi desnudarse en los puestos de registro de los aeropuertos, porque la seguridad “vale la pena”; y puede ser que el tribunal secreto que ahora decide cuándo y a quién se espía, tome sus decisiones con absoluto apego al tema esencial de centrarse en potenciales enemigos de la seguridad de Estados Unidos, pero por su carácter secreto nadie puede asegurar que ese apego, ese respeto marginal al principio del derecho a la privacidad, vaya a prevalecer siempre.
 
 La historia también nos confirma que los perversos buscan y muchas veces, demasiadas en verdad, alcanzan el poder y cuando encuentran un sistema supuestamente basado en la buena fe y para que lo administre gente buena, gente honesta y decente, fácilmente le dan vuelta y lo pervierten en perjuicio de los ciudadanos que ya no tienen chance de recuperar sus derechos.
 
 Es, sin duda alguna, un enorme dilema para las sociedades puestas a escoger entre la libertad y la seguridad. Pero al colocar a los habitantes de Estados Unidos en ese dilema destructor, tristemente los terroristas ganaron la partida.