El gobierno argentino retirará fondos estatales a las líneas de trenes que no cumplan con ciertos parámetros de prestación del servicio, luego de los últimos trágicos accidentes ferroviarios por los que ha sido blanco de críticas.
El régimen de penalidades publicado hoy en el Boletín Oficial está contemplado para las operadoras de cinco líneas ferroviarias y prevé como sanción la quita de un porcentaje del dinero que perciben mensualmente del Estado.
El ministerio del Interior, a cargo del sistema de transporte, indicó que busca «generar los incentivos necesarios para alcanzar los niveles deseados de calidad».
El 13 de junio tres personas murieron y más de 300 resultaron heridas en la localidad de Castelar, cerca de Buenos Aires, a raíz del impacto de un tren contra otro al cual chocó por atrás. Hace más de un año, 51 pasajeros fallecieron cuando una formación chocó con el parachoques de la estación Once de esta capital, en lo que constituyó una de las peores tragedias ferroviarias de la historia argentina.
Los dos casos son investigados por la justicia y por el segundo hecho están procesados funcionarios y empresarios y el maquinista del tren, todos ellos a la espera de un juicio oral.
El gobierno de la presidenta Cristina Fernández ha recibido numerosas críticas de sindicatos y expertos del sector por la falta de supervisión de los servicios prestados por las operadoras de los trenes.
Según la resolución, las penalidades se cuantificarán «en función de un porcentual de la retribución que perciben mensualmente las operadoras por la ejecución de los servicios ferroviarios a su cargo».
El ministerio fijó un rango de quita de fondos que va desde el 4,5% al 25% por diversos incumplimientos. Entre ellos está la cancelación o impuntualidad del servicio; la falta de limpieza y conservación en estaciones, zonas de vía y material rodante y la falta de mantenimiento y seguridad en vías y obras, material rodante, señalamiento y comunicaciones.
Las operadoras que están bajo el régimen de penalidades son la Unidad de Gestión Operativas Ferroviaria de Emergencia (UGOFE) y la Unidad de Gestión Operativa Mitre Sarmiento (UGOMS), concesionarias de varias líneas que unen esta capital con localidades cercanas.
Las sanciones por incumplimiento del servicio se originarán a través de informes elaborados por la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) o por denuncias de los usuarios. La CNRT notificará a las operadoras que tendrán un plazo de diez días hábiles para formular su descargo. La gravedad de las faltas o el cúmulo de sanciones aplicadas a la operadora sin que ésta modifique su conducta permiten la aplicación de la máxima sanción, es decir, «la rescisión del acuerdo de gerenciamiento u operación correspondiente».