Las constantes de las alzas a los precios de los principales productos de la canasta básica, ha motivado críticas fuertes a autoridades rectoras en materia del control de la economía, pero principalmente ha despertado dudas sobre si la reconocida estabilidad macro económica del país se pueda desquebrajar en relación con la mínima escala social, es decir al individuo.

Los componentes de toda economía sana, ya sea a nivel familiar, como a nivel de Estado, son particularmente los mismos, pero sus variables difieren en el resultado esperado, teniendo a nivel menor –familia- escenarios más directos y concretos, sin mucho espacio para especulación a mediano plazo, sino en búsqueda de estabilidad formal y condición digna.  El denominado “estado de bienestar” que busca cada ser humano y que persigue extender a su familia, inicia justamente con la etapa económica de subsistencia, algo que se ha visto fuertemente afectado en las áreas rurales con los problemas de desnutrición y una política efectiva, no asistencialista, de seguridad nutricional y alimentaria.  Con el otro contexto, el del Estado, la economía encuentra otras variables a nivel colectivo y social, que con mayores premisas, busca alcanzar con equidad y justicia, un nivel de desarrollo integral, lo que promueve que existan variables como el crecimiento económico o la inversión. Este es el denominado “Estado de bienestar”, algo que se conoce como la utopía del principio de alcanzar el bien común.

Pero el reflejo de una economía débil a nivel del Estado, se convierte automáticamente en una situación de preocupación para la familia, especialmente aquella de clase baja y media baja, en cuanto a la preparación de alcanzar la cuota del mes, y cuyo aumento de precio se refleja en una limitación al consumo o bien el aumento de la deuda individual, o muchas veces familiar.  Y sobre la clase media ascendente, la que teóricamente sostiene conjuntamente con la clase alta el mecanismo impositivo del Estado, provoca una disminución en el ahorro o bien también una disminución del consumo. Cualquiera de estas variables, también afecta indirectamente la situación económica del país.

Por ello es necesario reiterar la importancia del rol de los entes reguladores de los consumos, recaído principalmente en el Ministerio de Economía, mediante los estudios del Instituto Nacional de Estadística, y por supuesto de la DIACO, entidad que puede alcanzar una incidencia en estos controles, extraordinaria, si es apoyada por todos los actores políticos, sociales y económicos del país.

Ante recientes manifestaciones vistas en ciudades de Brasil, cuyo reclamo inicia con los procesos inflacionarios de los productos básicos, pero que detona con el aumento al transporte, es necesario evitar que Guatemala pueda caer en ese tipo de protesta social, la cual, aunque legítima, aumentaría el nivel de conflictividad de Guatemala, lo que ya está en los límites de la tolerancia social y pública.