Al condicionar la realización del Censo Nacional a que los diputados aprueben una reforma política para limitar el número de diputados, evidentemente el presidente Otto Pérez Molina aprovecha para subirse al ya repleto carro de la gente inconforme por el papel que ha jugado el Congreso en esta legislatura y, sobre todo, en lo que va de este año. Sin embargo, hay que advertir que lo más importante de la reforma política no está en evitar que aumente el número de diputados, sino en establecer parámetros que permitan impedir que los financistas secuestren al Estado desde la misma campaña política cuando compran la conciencia de los candidatos y cierran los negocios que luego empobrecen al país.

Es un hecho incuestionable que el Congreso vive sus horas más bajas en cuanto al respeto de la población, no sólo porque la interpelación del ministro de Cultura lleva consumido todo este año, sino porque se ha demostrado que los diputados únicamente aprueban aquellas cuestiones en las que hay algún interés para ellos, como la Ley de Telecomunicaciones que fue debidamente sufragada por los interesados, o la reducción del Impuesto de Circulación de Vehículos para tratar de quedar bien con la gente. También hace daño la defensa que intentan algunos diputados, especialmente cuando tienen posturas como la de Muadi, al decir que ya salvaron el año por aprobar el acuerdo de asociación con Europa, explicación a la que cae bien aquella frase de “no me defiendas compadre.”
 
 Dejar fijo el número de diputados no es una cosa del otro mundo ni parece difícil de lograr porque votarán los que ya están metidos en la jugada y saben que depende de su habilidad para ubicarse con los partidos políticos su continuidad en el Congreso. Pero sinceramente hablando y con todo y lo desprestigiado que está el Congreso, la crisis de nuestro sistema político no se anida únicamente en el Poder Legislativo sino que es general y tiene efectos mucho más perniciosos en el Ejecutivo que se somete a las ambiciones de los financistas que son al final de cuentas el centro de nuestro modelo político. Aquí no hay nada de que nuestro gobierno sea “del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, como dijo Lincoln en su célebre Discurso de Gettysburg, sino que “de los financistas, por los financistas y para los financistas” porque son ellos los únicos que tienen asegurada la protección estatal para que obtengan máximos beneficios. La política misma de inversión pública no se orienta a la atención de las necesidades populares y menos a la búsqueda del bien común. Se hace la obra que conviene al financista, se compran los bienes que vende el financista y se contratan los servicios que ofrecen los financistas.
 
 Por supuesto que romper esa influencia nefasta no es cosa de soplar y hacer botellas, menos cuando se quiere distraer la atención ciudadana haciéndole creer que la reforma política será exitosa si restringe el número de diputados. Los diputados pueden ser un lastre, pero lo son porque se convierten en parte de ese sistema de pago de favores que tiene hundido al país.
 
 Y hablando de frases célebres, como la que usó Lincoln para definir en su breve pero profundo discurso el sentido del gobierno de su país, no puede dejar de mencionarse aquella otra que, tal vez injustamente, sostiene que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Y es que si los pueblos no toman conciencia de las deficiencias de su sistema político y siguen aceptando comportamientos que dan la espalda al bien común y a la decencia, se condenan, quiérase o no, a vivir ya no bajo botas estrujadoras, sino bajo la mano astuta del ladrón que no deja centavo parado.