Hace más de cinco años el presidente Barack Obama señaló y reconoció que la existencia del centro de detención “Guantánamo” violaba todas las normas de derecho por cuanto tenía detenidas a las personas sin acusarles, sin otorgarles un debido proceso y por tiempo indefinido, muchos de ellos ya rebasan los once años de prisión, sin que se mire que el centro será cerrado, ni las personas ahí encarceladas se les someterá a una acusación y a un debido proceso. El argumento es que son terroristas.

Hoy, nuevamente a nivel mundial se conoce, gracias a las declaraciones de Edward Snowden, quien ha buscado refugio en Hong Kong, que Estados Unidos ha vulnerado el principio de inviolabilidad de correspondencia y de las comunicaciones telefónicas, radiofónicas, cablegráficas y otros productos de la tecnología moderna. El argumento nuevamente es combatir el terrorismo; sin embargo, viola interna y externamente, sin restricciones, todas las comunicaciones.

Aceptaría Estados Unidos que algún país en el mundo hiciera con ellos lo mismo y mantuviera detenidos improcedentemente a más de 150 personas y violara las comunicaciones indiscriminadamente de todos los seres del mundo, la respuesta sería no. Pero no se conforma solo con señalar a sus propios ciudadanos, como es el caso de Edward Snowden y de Bradley Manning, sino adicionalmente reacciona contra periodistas que han sido los medios a través de los cuales, a nivel mundial, se han conocido las informaciones proporcionadas de cómo se viola la correspondencia y las comunicaciones de toda naturaleza.

Julián Assange, el periodista australiano fundador del portal en Internet WikiLeaks lleva detenido y asilado en la embajada de Ecuador en Londres, Reino Unido, un año y no se le otorga el salvoconducto que legalmente se le debería de otorgar. Sin embargo, senadores y congresistas demócratas y republicanos opinan que Edward Snowden debe ser acusado, extraditado, encarcelado y condenado por el resto de su vida, aunque como él dice no es un traidor, ni un héroe, sino es una persona que consideró que el proceder del gobierno de su país no respetaba ni la Constitución norteamericana, ni las normas que universalmente existen, donde se establece -como en el caso de Guatemala lo determina el artículo 24 de la Constitución- la inviolabilidad de la correspondencia, documentos y libros.

La fiscal Claudia Paz y Paz debería denunciar públicamente ante las autoridades competentes la violación de nuestra Constitución por parte de funcionarios norteamericanos, tanto de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, como de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, y requerir que los mismos fueran extraditados a Guatemala por violar nuestras leyes y las normas de cientos de países.

La misma Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, tiene la obligación de presentar una denuncia como querellante adhesivo, porque de forma organizada esas dos agencias del gobierno norteamericano vulneran los derechos humanos y las leyes vigentes de nuestro país.

¿Cuáles son las probabilidades que se condene al gobierno norteamericano y a las entidades del mismo señaladas? Ninguna, el poder que ejercen es tanto que hace que se consideren superiores a la ley, que no permitan que un funcionario o un ciudadano que ostente la nacionalidad norteamericana tenga que responder por los hechos criminales que cometa a nivel mundial o en un tercer país. ¿Habrá algún gobierno que en Naciones Unidas, en OEA o en su Sistema de Justicia requiera el respeto que los derechos humanos y las leyes positivas merecen? eso está por verse.

¡Guatemala es primero!