La viceministra de Finanzas Públicas, María Castro, indicó que la modificación al Impuesto Sobre Circulación de Vehículos (ISCV) afectará directamente al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) y a las municipalidades, ya que la recaudación de dicho tributo tiene especificado financiar las entidades mencionadas.

Luego de que el pasado jueves 13 junio el Congreso aprobara  modificar el artículo del ISCV para dejarlo como estaba antes de la Reforma Fiscal el año pasado,  la Viceministra explicó cómo afectará  el cambio.

 “Es muy sencillo, no nos afecta a nosotros, afecta a quienes reciben ese tipo de impuesto” y que dichas instituciones son Micivi, en el área de Covial, y también las municipalidades.

Castro aseguró que, por esa razón, las instituciones de gobierno mencionadas tendrán menos atribuciones de las establecidas en el Presupuesto General del Estado del 2013, debido a que se tenía programado proyectos que serían financiados por lo recabado en el Impuesto Sobre la Circulación de Vehículos, explicó.
La viceministra reiteró la posición del ministro  de Finanzas, Pavel Centeno, en el aspecto de que lo aprobado por el Congreso no iba en la línea de lo propuesto por el  Ejecutivo. Castro agregó que ya no hay marcha atrás y que ahora sólo están a la espera que salga publicado en el diario oficial para que cobre vigencia.
La funcionaria añadió que por ahora lo que se está haciendo es una contención del gasto, lo que a futuro afectará a las instituciones mencionadas, debido que al haber dejado permanente dicho tributo, sólo disminuye las posibilidades de inversión o mejor funcionamiento de dicha entidad. 

PIDE PRÉSTAMOS
La viceministra solicitó de nuevo la aprobación de los préstamos, que tienen como fin apoyar al financiamiento del presupuesto, pero que en el Congreso ya se ha vuelto costumbre que lo utilicen “como mecanismo de negociación”, pese a que el Ejecutivo lo presentó como parte del financiamiento presupuestario, indicó.
La Viceministra dijo que otro préstamo ya fue anulado por Fonda Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y OPEP por 30 millones de dólares  que tenían como destino específico el desarrollo rural en el municipio del Quiché, que iba a estar a cargo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA). Esto es debido a que el Congreso nunca lo aprobó. El préstamo tenía como límite aprobarlo hasta el 15 de junio y se encontraba en el Congreso desde el 2010.