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De acuerdo con el documento, Guatemala cuenta con altos niveles de exclusión e inequidad social, que afecta particularmente en las dimensiones de género, etnia y espacio territorial.

Todos los indicadores sociales vinculados con la erradicación del hambre y la pobreza, el empleo, la equidad entre hombres y mujeres y la prevalencia del VIH, continúan siendo los que presentan las tendencias más negativas hacia el cumplimiento de las metas del milenio.

El informe señala que el comportamiento de estos indicadores combinados, en todos los casos está advirtiendo que los grupos mayormente afectados y en situación de particular vulnerabilidad son las mujeres rurales, indígenas y en ciclo reproductivo.

Guatemala presenta esfuerzos importante en términos de la reducción de la pobreza, la seguridad alimentaria, la cobertura educativa y la mortalidad materna e infantil, pero lentos avances por razones asociadas, de manera particular con aspectos como la debilidad institucional del Estado.

Según el documento la falta de financiamiento adecuado y sostenido ha sido uno de los factores más importantes para explicar la brecha entre las condiciones previas y los resultados previstos.

Los principales obstáculos identificados en aras de avanzar de manera más determinante y efectiva con la implementación de la Política y el Programa de Acción de El Cairo, son una carga tributaria muy baja, debido a la negativa histórica de los sectores más poderosos económicamente, que se resisten a aportar recursos para el desarrollo social, aunado a la opacidad en la gestión pública y la falta de focalización de los programas.

Las entidades que participaron en el proceso informaron sobre la persistencia de obstáculos en la implementación de las políticas de salud sexual y reproductiva, así como las dificultades que existen para monitorear el presupuesto en el tema de métodos anticonceptivos, debido a la falta de apertura de clasificadores de ejecución presupuestaria, que permita identificar la compra de estos insumos.

El documento destaca que la frecuente rotación de personal entre los tomadores de decisiones a nivel de servicio de salud, la baja cobertura de los centros especializados para los centros de atención obstétrica y la falta de personal, son obstáculos que dificultan el alcance de los objetivos de la CIPD.

El análisis también enfatiza la falta de reconocimiento a la labor de comadronas en la atención obstétrica, quienes cubren más del 50 por ciento de los partos y la persistente discriminación y racismo en su contra.

Las fallas de abastecimiento de insumos, tanto para el equipo institucional, como para las parteras, han contribuido a una ejecutoria inadecuada, particularmente se señala el escaso financiamiento a los programas ministeriales de salud, la dificultad de acceso a la información post aborto y de anticoncepción de emergencia, la toma de decisiones discrecionales de los funcionarios y prestadores de salud.

El documento establece que las posturas religiosas, la baja socialización de las leyes existentes, la todavía escasa oferta de servicios diferenciados para adolescentes y jóvenes y la competencia por recursos financiero del programa de salud sexual y reproductiva ante nuevas prioridades y temas de salud emergentes a nivel nacional, son otras problemáticas que deben enfrentarse.

Finalmente, se reconoce como avance la creación del Ministerio de Desarrollo Social y la instalación de los gabinetes específicos de Desarrollo Social, de la Mujer y de la Juventud, acciones que se constituyen en oportunidades para avanzar de manera más sostenible hacia las metas.

El Informe Nacional fue elaborado al acercarse los 20 años, en el 2014, de la aprobación de la CIPD y su plan de acción; Naciones Unidas ha iniciado un proceso de revisión operativa sobre el grado de avance en cada uno de los temas, con el fin de identificar obstáculos, aspectos facilitadores y los desafíos que persisten en torno a los temas sustantivos de la Conferencia.