Ayer publicamos que las famosas leyes de transparencia que ofreció el gobierno cuando impulsó su reforma tributaria el año pasado, no forman parte de la agenda legislativa ni hay ningún interés por avanzar en su aprobación. Para empezar, ya el Presidente defendió los fideicomisos como una práctica “correcta”, pese no sólo a las evidencias abrumadoras de que son vehículo para encubrir la corrupción, sino a las advertencias de la misma Contralora que se declara incompetente para cumplir con su obligación constitucional de fiscalizar el uso de todos los fondos públicos.

Si hacía falta corroborar la poca importancia que tienen en el Congreso iniciativas de ley por la transparencia, bastó escuchar las declaraciones del diputado Pedro Muadi, presidente del Organismo Legislativo, para ponerle la tapa al pomo. No ha habido cuestión más importante para Guatemala, a criterio del señor Muadi, que el Acuerdo de Asociación Comercial con Europa y cuando una mayoría calificada de representantes levantó la mano para ratificarlo, salvó el año. No importa en absoluto que el Congreso se haya pasado siete meses sin legislar nada importante. Por cierto que la última vez que aprobó un decreto de trascendencia fue el 21 de noviembre del año pasado cuando aprobaron las modificaciones a la ley de Telecomunicaciones, hecha al gusto del cliente y aprobada de manera sorpresiva por todas las bancadas que de esa manera se congraciaron con los amos de las telecomunicaciones del país.
 
 Tampoco importa que tras aprobar la rebaja al impuesto de Circulación de Vehículos y el famoso acuerdo con Europa, venga otro período igual de prolongado de sequía porque ya Muadi dijo que no es la cantidad lo que importa, sino la calidad de lo que se aprueba y que con el Acuerdo comercial basta y sobra para salvar todo el año de su período como Presidente del Congreso.
 
 Las cosas fundamentales para el país, como las leyes de transparencia y la reforma política que permita ponerle fin a esa perversa forma de financiamiento de las campañas que secuestra la institucionalidad del Estado para ponerla al servicio de los intereses económicos de los financistas, no tienen cabida en la agenda. Pagarles el favor a los financistas con una ley de telecomunicaciones que fue un regalo extraordinario fue otra ley que “salvó el año pasado”, según los criterios que por lo visto privan.
 
 Entendamos que Guatemala es un país que perdió su solidez institucional porque el Estado está al servicio de grupos económicos que se aseguran la forma de explotar los recursos públicos desde que apoyan financieramente a un partido político. El Estado no funciona para buscar y asegurar el bien común, como ordena la Constitución, sino para buscar y asegurar la renta de los financistas de campaña y de los que se ponen firmes con mordidas y sobornos para cubrir la insaciable ambición de nuestros políticos.
 
 Esa realidad es incuestionable y por ello, en ese marco y contexto, puede aceptarse como válido lo que dijo el señor Muadi porque no existe el menor interés por resolver los problemas de fondo. Mientras haya comercio, mientras se promueva el negocio, nuestros políticos estarán satisfechos porque allí más de algo pellizcan.
 
 Está demostrado que el Congreso no está atascado sino que simplemente son selectivos para lo que quieren aprobar. El regalo a las telefónicas, las radioemisoras y los canales de televisión los unió como por arte de magia. La rebaja del impuesto de circulación que produce réditos políticos volvió a ser la pócima encantada que despertó de su letargo a la manada y, de paso, se aprobaron los acuerdos internacionales pendientes entre los que destaca el comercial con Europa.
 
 Transparencia y reforma política, ¿para qué? Así como estamos el pisto fluye sin esfuerzo y los que se reparten el pastel salen ganando.