La información sobre 50 asesinatos entre 1989 y 2012 es parte de los cuatro informes sobre ataques a derechos humanos que ha sistematizado CALAS en los últimos cinco años.
mrodriguez@lahora.com.gt
Rafael Maldonado, abogado ambientalista del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), considera que la actual administración del Gobierno continúa con su postura de persecución, criminalización y rechazo a defensores del ambiente, y apoyo a los proyectos extractivos en el país.
Asimismo, menciona que los líderes de las comunidades y protectores del medio ambiente han sido catalogados últimamente como «personas indeseables» a los intereses corruptos «manchados de sangre».
Además, Maldonado menciona que claros ejemplos de estos ataques los constituyen el atentado contra el director de Calas, Yuri Melini en 2008; y las recientes acusaciones contra los líderes comunitarios del Parlamento Xinca, Roberto González Ucelo y Rudy Pivaral, a quienes se les acusaba de pertenecer a una estructura vinculada al narcotráfico, cuando se dio la conflictividad por la mina San Rafael Las Flores, en el departamento de Santa Rosa.
“Actualmente son perseguidos políticos y tienen órdenes de captura, a raíz de hecho falsos inventados por el Ministerio de Gobernación”, explica Maldonado.
Para el abogado ambientalista, existe una postura intolerante por parte del Estado al hablar sobre defensores de derechos humanos ambientales, sobre todo “porque los defensores, debido a la situación tan grave que atraviesa el país y a la presencia de proyectos hidroeléctricos y mineros que han sido rechazados por la población; hemos sido bastante atacados por llamar a las cosas por su nombre”.
La información sobre 50 asesinatos entre 1989 y 2012 es parte de los cuatro informes sobre ataques a derechos humanos que ha sistematizado CALAS en los últimos cinco años.
“Los casos sobre violaciones llegan casi a 400. Como abogado ambientalista, me ha tocado defender tan solo en este año por el conflicto en minera San Rafael, a 75 personas que han sido aprehendidas por manifestar en contra de la actividad minera en esta región. Calculo que solo para el periodo 2012-2013, estamos llegando a más de 150 personas ilegalmente aprehendidas por manifestar y defender la vida ante los proyectos mineros”, manifiesta Maldonado.
Agrega que el actual Gobierno es una “deformación militar ortodoxa”, que lo que ha demostrado es utilizar la represión como mecanismo para detener a los defensores del ambiente y resolver cualquier conflicto y que no priorizan el diálogo como medida para solucionarlos.