La Municipalidad de Guatemala ha dispuesto resolver, a su manera, los problemas de impacto vial con los constructores de manera que éstos hagan obras como el paso a desnivel tan polémico de Los Próceres, hecho evidentemente no para resolver un problema vial agravado por la construcción de edificios en ese lugar, sino para servicio de los constructores y desarrolladores de las obras.

El Municipio, como el Estado, tiene la obligación de trabajar y velar por el bien común, pero ahora vemos que a cambio de aportes que hasta parecen sobornos (hay al menos un caso en el que la licencia de construcción contra lo regulado en el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, se otorgó horas antes de que entrara en vigencia la norma y eso fue, supuestamente, a cambio del dinero para construir un “distribuidor vial”), la Municipalidad capitalina maneja de manera muy discrecional la compensación por el impacto vial de determinadas obras.
 
 Eso recuerda la barrabasada que se había cometido a finales de los años setenta, cuando se construyó el Novicentro en el Anillo Periférico y la Municipalidad autorizó que se hiciera un paso a nivel, en plena vía rápida, para permitir que el tráfico que iba hacia el norte pudiera virar hacia el comercial que había construido Serrano. La oposición de técnicos que hicieron ver el desaguisado permitió corregir tan grave perjuicio a una obra como el Periférico, pero quedó en evidencia cómo es que autoridades incompetentes permiten desaguisados con tal de quedar bien con quienes hacen obras que tienen enorme impacto en la vialidad urbana.
 
 La falta de planificación es evidente porque no hay criterios claros para normar la construcción y vivimos en un país en el que el que tiene dinero puede hacer lo que se le viene en gana. No existen controles eficientes ni limitaciones y hasta el mismo cono de aproximación del aeropuerto La Aurora se ha visto comprometido. Es más, se ha dicho que quieren ver cómo concesionan una terminal aérea en otro sitio por lo que eso significa económicamente para desarrolladores de edificios que podrían levantar torres en toda el área que ahora tiene limitaciones.
 
 No puede administrarse una ciudad con ese criterio de que todo es al gusto del cliente y que lo que cuenta es nada más el pisto que se le puede sacar a los desarrolladores. El criterio esencial es el bien común y para ello existen normas y reglamentos que debieran prevalecer antes que esa tendencia perversa a satisfacer la ambición de quienes edifican sin considerar las consecuencias de sus obras, no sólo desde el punto vial sino en términos de otros servicios públicos.

Minutero:
Con un paso a desnivel 
queda al desnudo el papel 
que juega un municipio 
que trata al vecino cual ripio