Ocho agentes de la Policía Nacional Civil que en ejercicio de sus funciones y cumplimiento de sus deberes realizaron alguna captura de delincuentes, fueron brutalmente asesinados anoche en la subestación del Municipio de Salcajá en el departamento de Quetzaltenango. Se trata de un durísimo golpe no sólo al gobierno y a las autoridades de Policía, sino a la misma institucionalidad del país y al régimen de legalidad porque sin duda alguna que esto tendrá efecto inmediato en muchos miembros de la fuerza pública que de aquí en adelante pensarán dos veces antes de arriesgar sus vidas cumpliendo simplemente con su deber.
Si alguna prueba fehaciente y contundente, además de brutal, hacía falta para corroborar que estamos viviendo bajo un Estado fallido incapaz de cumplir con sus fines esenciales, este duro golpe del crimen organizado contra la institucionalidad viene a demostrar la vulnerable situación en que se encuentran los miembros de las fuerzas de seguridad, no digamos la ciudadanía.
Evidentemente todavía quedan agentes que cumplen con sus funciones y tienen un alto sentido de responsabilidad y cumplimiento de sus deberes. Es obvio que hay aún elementos de la Policía Nacional Civil que actúan para contener cualquier acción criminal, pero en la medida en que hechos como el de anoche queden impunes, seguramente que cada día serán menos los que estén dispuestos a jugarse la vida porque es obvio el imperio del mal.
La pérdida de cualquier vida es lamentable y tiene que provocar una reacción pública. Pero cuando son asesinados servidores públicos simplemente por el hecho de haber cumplido con sus deberes y haber actuado en defensa de la ciudadanía honrada, tenemos que repudiar la acción y reclamar con toda energía que las autoridades procedan a realizar investigaciones profundas porque se quiebra por completo la moral de la fuerza pública y eso agrava terriblemente la inseguridad que ya es enorme.
No podemos perder de vista que es un golpe que persigue destruir por completo lo que quede de moral entre los elementos de la Policía Nacional Civil y enviar un mensaje macabro de que quien se meta contra el crimen organizado será ejecutado en forma cruel como ocurrió a los ocho entes asesinados anoche. Las muestras de condolencia de las autoridades superiores no son suficientes para restablecer la moral y para reparar el daño.
El señorío del crimen sobre la fuerza pública es una pésima noticia para los ciudadanos y un funesto precedente para los elementos de la Policía que trabajan con vocación de servicio y que demuestran su disposición a correr riesgos para servir a la ciudadanía. Por ello este golpe es, sin duda, uno de los más duros en contra de la capacidad del Estado para asegurar la paz.
Minutero:
Cómo hacemos para frenar
esta ola de violencia
que evidencia la carencia
de un Estado en qué confiar