El presidente Otto Pérez Molina defendió hoy el uso de fideicomisos con fondos públicos, que a su criterio son totalmente fiscalizables y se utilizan con el amparo de la Ley. Sin embargo, no existe una legislación referente al tema, y tanto la Contraloría como expertos insisten en la eliminación de esas herramientas financieras en el ámbito público.

En conferencia de prensa, el mandatario dijo que el Gobierno se apega a la ley y conforme a esta se utilizan los fideicomisos públicos en el Estado, con controles de transparencia y rendición de cuentas.

El Presidente se defendió de los críticos y aseguró que los fideicomisos vigentes están bajo el control de los ministerios. “Así que los fideicomisos están contados”, puntualizó.

Pérez Molina expresó que hay un fideicomiso, del Fondo Nacional de Desarrollo (Fonades), que está bajo el control del Ministerio de Agricultura, otro en el Ministerio de Comunicaciones y otro más en el Ministerio de Desarrollo Social; estos son los que manejan mayores recursos y ayudan a agilizar la ejecución del presupuesto, expuso.

Según el gobernante estos fideicomisos son “totalmente fiscalizados y fiscalizables. “No son fideicomisos que están escondidos y que puedan evitar ser fiscalizados; nosotros lo que buscamos es que precisamente se rindan las cuentas que son necesarias”, señaló.

Sin embargo, en el Congreso no ha sido aprobada una ley específica para regular los fideicomisos públicos y tanto la Contraloría como expertos insisten en la eliminación de esas herramientas financieras en el ámbito público.

SIN VOLUNTAD POLÍTICA

Según Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, la política ha utilizado los recursos públicos sin controles por medio de fideicomisos, mostrando falta de voluntad en la lucha contra la corrupción.

Marroquín indica que es lamentablemente que no haya  existido un solo Gobierno que quiera eliminar esa práctica, lo cual solo evidencia la falta de transparencia en los recursos públicos. 

Además manifiesta que en este gobierno la lucha contra la corrupción es puramente discursiva, ya que cuando se está en la oposición se está en contra de ella, pero cuando ya se llega al gobierno la corrupción es buena y aceptable, señala.

Entre tanto Carlos Martínez, del Instituto de Problemas Nacionales de la Usac, expone que se debería de prohibir el uso de los fideicomisos y que la Contraloría General de Cuentas realice su labor en el cumplimiento efectivo del gasto público sin el uso de estos instrumentos que solo demuestra facilidad para desviar los recursos públicos.

Martínez acota que finalmente el uso de los fidecomisos lo que hace es mostrar la poca voluntad por transparentar el uso de los recursos, dando paso a actos de corrupción.