En Guatemala la Constitución Política, en su artículo 3, establece que el estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona.

Además, en el Código Penal se contempla la posibilidad de interrumpir los embarazos con fines terapéuticos -cuando la vida de la madre puede estar en peligro por el nacimiento del bebé- y por eso la discusión nacional ahora se ha centrado en la legalización y regulación del aborto -la cuarta causa de muertes maternas- como un derecho de la mujer. En el país se estiman anualmente unos 65 mil abortos inducidos, pero no se puede determinar el número exacto, pues sigue siendo una práctica ilegal y clandestina.

A raíz de las declaraciones del presidente Otto Pérez Molina, antes de iniciarse la 43 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Antigua Guatemala, el tema salió nuevamente a la palestra en el país, aunque el “caso Beatriz” en El Salvador ya había revivido nuevamente la discusión en el ámbito internacional.

Beatriz (nombre ficticio) es una joven salvadoreña, de 22 años, que fue el centro de la atención mediática en su país y fuera de él, al saberse que padecía Lupus Eritematoso Sistémico y estaba embarazada de más de 20 semanas de un feto anencefálico, es decir, sin cerebro, y no tenía posibilidades de sobrevivir al nacer.

El lupus era agravado por nefropatía lúpica y artritis reumatoidea, debido a lo cual los médicos que la trataban en el Hospital Público Nacional Especializado de Maternidad recomendaron interrumpir su embarazo, ya que ponía en peligro su vida.

Sin embargo, el Código Penal de El Salvador señala que la persona que practique un aborto a una mujer, aun con su consentimiento, sería condenado de dos a ochos años de prisión, al igual que la mujer que provocare o consintiese su propio aborto.

Asimismo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de ese país rechazó el 28 de mayo un recurso de amparo interpuesto por la defensa legal de Beatriz, con el fin de que se permitiera que los médicos del Hospital interrumpieran su embarazo.

Ante ese fallo, el 29 de mayo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), máximo tribunal en materia de derechos humanos, requirió al Estado salvadoreño que adoptara y garantizara de manera urgente “todas las medidas que sean necesarias y efectivas para que el grupo tratante de la señora Beatriz pueda adoptar, sin interferencia alguna, las medidas médicas que se consideren oportunas y convenientes para asegurar la debida protección de los derechos consagrados en los artículos 4 y 5 de la Convención Americana”. Esto toda vez que El Salvador es Estado miembro de la OEA y ratificó dicha Convención.

Finalmente, el pasado 3 de junio un grupo de médicos le practicó una cesárea a Beatriz, debido a que había riesgo de que la joven sufriera una rotura del útero. La bebé murió cinco horas después del parto inducido.

La cesárea fue posible porque el gobierno autorizó el 31 de mayo el parto inducido, conforme al mandato de la Corte de la CIDH.

CUARTA CAUSA DE MUERTE MATERNA

El doctor Edgar Kestler, del Centro de Investigación Epidemiológica en Salud Sexual y Reproductiva del Hospital General San Juan de Dios comenta que anualmente se estiman unos 65 mil abortos en Guatemala.

Datos recopilados por dicho centro muestran que desde 2006 se han contabilizado 17 mil 135 ingresos por aborto incompleto en los hospitales nacionales; de todos estos casos fueron atendidas 157 niñas menores de 14 años.

El número de abortos ilegales no se pude conocer, en tanto que se trata de una práctica clandestina y poco perseguida penalmente.

De acuerdo con Kestler, hay un número grande de estos abortos que pueden ser inducidos, ya que el uso de medicamentos abortivos está muy difundido, sin embargo, eso no debe ser excusa para que no se atiendan a las mujeres en los centros de salud. El sistema de salud debe estar capacitado y tiene la obligación de atender de manera humanizada a las mujeres, señala.
 
“No importa si el aborto es provocado o fisiológico, el sistema de salud debe estar preparado y dispuesto a darles esa atención”, señala el galeno. Eso incluye tres acciones: asistencia de emergencia, que comprende limpieza uterina por el método ideal, que es la aspiración uterina; dar consejería adecuada a la paciente sobre el problema del aborto, sobre todo si fue provocado, por los riesgos que conlleva y el ofrecimiento de métodos anticonceptivos cuando abandone el hospital.

Para Kestler, el aborto inducido en el país se trata de un problema definido por las condiciones sociales y económicas. Las mujeres que tienen los medios económicos asisten a un lugar en donde puedan realizarse esta práctica con algunos estándares de seguridad, pero las mujeres modestas, y sobre todo las que viven en el área rural, son la que se someten a procedimientos riesgosos, que incluso pueden ocasionarles la muerte.

El aborto continúa siendo la cuarta causa de la muerte materna en nuestro país por las hemorragias, la hipertensión y las infecciones durante el embarazo, afirma el médico.

TODAVÍA SE DECIDE POR LAS MUJERES

Aunque generalizada e ilegal, cuando no es por causas terapéuticas, la práctica del aborto no es bien vista por varios sectores de la sociedad. Incluso el gobierno de Guatemala, por medio del presidente Otto Pérez Molina dio a conocer cuál es la posición del Estado al respecto.

El mandatario manifestó que este era un tema que ya había sido abordado con el presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala, el Nuncio Apostólico y el presidente de la Alianza Evangélica, y afirmó que la postura del país es a favor de la vida.

Al respecto, Evelyn Morales, activista de la organización Tierra Viva, considera que se trata de una “arbitrariedad” pronunciarse por toda una población. “El Presidente no consideró en ningún momento que Guatemala es un Estado laico y al serlo no debe interferir en las cuestiones políticas y no puede intervenir en las decisiones privadas de las personas”, anotó.

De acuerdo con Morales, tampoco se tomó en cuenta la condición de riesgo que hay para la salud y la vida de las mujeres. “No hay educación sexual, no hay métodos anticonceptivos y casi la mitad de la población femenina ya no quiere seguir teniendo hijos”, señaló.

La activista expuso también el problema de los embarazos en adolescentes, una gran mayoría, como resultado del abuso sexual que sufren por familiares cercanos. “Existe la necesidad de abordar el tema de manera más coherente y de considerar este tipo de situaciones para que las mujeres no estén en riesgo”, comentó.

Según Morales, en Guatemala a las mujeres todavía se les concibe como seres reproductoras y no ciudadanas, cuyo lugar está en la casa y “hace falta que la población reconozca que las mujeres son sujetos de derecho y que pueden tomar sus propias decisiones”.

UNA ABERRACIÓN

Además de la postura de la Iglesia, hay otros grupos que se han manifestado en contra del aborto. Una de estas es Enfoque Familiar, organización que se manifestó activamente durante la Asamblea General de la OEA en Antigua Guatemala y que en palabras de su directora, Scarletthe Caseros, trabaja por la dignificación y rehumanización de las personas para que vivan en una familia estable y velan por el respeto a la vida desde su concepción. “También se manifiesta en contra de la unión de dos personas del mismo sexo porque “los niños tienen consecuencias psicológicas en todo su desarrollo evolutivo”.

Caseros, que es psicoterapeuta y orientadora familiar, explica que están contra el aborto porque no avalan que las madres u otras personas “asesinen” a un ser inocente que es ajeno a las decisiones de los adultos.

“Se habla mucho de las mujeres que han sido violadas o que tienen riesgos para que aborten, por ejemplo, en El Salvador con el caso de Beatriz, si Provida no hubiera insistido en que no avalen la ley, ella hubiera asesinado a su hijo, pero no sucedió porque tuvo a su bebé, que vivió cinco horas y ella afortunadamente se encuentra bien”, señala.

La entrevistada dice que existen estudios que se enfocan en los efectos psicológicos que tiene el aborto en las mujeres y en su desarrollo social, profesional y sexual pues fracasan por este trauma. “Es algo muy triste para la mujer, los efectos son inhumanos, la forma en que se practica el aborto es una aberración, es como descuartizar a un ser humano; en este caso con una criatura”, enfatizó.

PLANIFICACIÓN FAMILIAR ES CLAVE

Mirna Montenegro, directora de Observatorio en Salud Reproductiva (Osar), señala que la mejor forma para prevenir un aborto es proveer información integral sobre sexualidad, contenida en el marco legal del país y ofrecer servicios integrales de planificación familiar.

“Hay un marco regular favorable para la planificación familiar, desde la Constitución hasta la Ley sobre el tema, así como la legislación sobre maternidad saludable, pero hemos constatado que los centros de salud no tienen insumos”, acota Montenegro.

De acuerdo con la activista, si una mujer no recibe un servicio de planificación familiar adecuado puede tener embarazos no deseados, que son la principal causa del aborto.

Somos respetuosos del marco legal sobre el tema, que solo permite el aborto terapéutico cuando pone en riesgo la vida de la madre, pero consideramos fundamental el derecho a la planificación familiar, que comprende información y el acceso a los insumos, anota.

Asimismo, Montenegro enfatiza en que las mujeres deben estar empoderadas “porque no es fácil para la mayoría tener acceso a estos métodos, hay casos en que usar uno les significa que el esposo les pegue o incluso que las echen de su casa”.

Caseros, de Enfoque Familiar, añade que no se oponen a la planificación familiar como método para prevenir abortos, pero que priorizan los métodos anticonceptivos naturales. “Las personas están en su libertad de usar métodos anticonceptivos pero deben informarse de sus efectos”, anota.

Sobre la situación de abuso sexual que sufren miles de niñas y adolescentes en Guatemala, que deriva muchas veces en embarazos no deseados, Caseros insiste que debe haber programas educativos que informen en cuanto a las violaciones sexuales y qué hay que hacer en estos casos.

No obstante, se opone a la educación sexual de los jóvenes, porque considera que es una incitación a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. “El sexo sano y seguro solo debe ser dentro del matrimonio”, informa Caseros.

DISCUSIÓN CONTINUARÁ

Las posturas a favor y en contra de este tema continuarán. Montenegro especifica que hay que generar formas de consenso y diálogo, “es respetable y entendible la postura de los sectores, pero deberíamos asegurarnos que las mujeres rurales tengan los servicios de planificación familiar y educación integral para que haya prevención de abortos”.

La activista considera que la sociedad guatemalteca está madurando y que es bueno que el tema se discuta, para que se conozcan problemas como el embarazo en adolescentes y niñas, es algo que la sociedad y el Estado debe discutir sobre la base de derechos humanos de las mujeres y los hombres, expresa.

Morales, de Tierra Viva, considera que debe haber una discusión política y un debate “con todas las cartas sobre la mesa”. “Yo estoy a favor de la vida y de las mujeres, pero el centro de la discusión debe ser el ser humano más allá de lo que yo pienso, no importa si soy católica o evangélica sino cómo mi posición ayuda a salvar vidas”, apunta.

Por aparte, Caseros dice estar consciente que el tema será discutido en los próximos años; “vamos a seguir con nuestra postura, porque lo hacemos por nuestros hijos y por las nuevas generaciones”, concluyó.