Complicada, difícil, peligrosa y decepcionante ha resultado la vulnerabilidad de la CICIG ante la “molestia” gubernamental presentada al sistema de Naciones Unidas, por una supuesta interferencia en asuntos que no son de su competencia, al atreverse a enunciar que en un país como Guatemala, la justicia tiene sus límites.
Quizá la expectativa de fondo de la Comisión era alcanzar una verdadera metodología investigativa que favoreciera a los órganos de control judicial, y al rector en materia de acusación penal, con el propósito que posteriormente, la CICIG pudiera retirarse con el deber cumplido, dejando “escuela” para el país, sus juzgadores, operadores de justicia y población en general. Un resultado paliativo, aunque pareciera haber sido el más importante, era el de alcanzar la captura y llevar a juicio a los grupos clandestinos que operan en el país, que no necesariamente son aquellos que están al margen de la ley, aunque por supuesto, también sobre ellos se esperaba que no fueran clientes privilegiados de la impunidad.
Desde la selección de quien encabezara la misión internacional, hasta el reclutamiento del personal local y extranjero, presentaba riesgos y complejidades, puesto que el país, aunque es pequeño en su extensión territorial e inclusive en número de población, en comparación a otros, cuenta con una posición privilegiada para quienes ilegalmente ponen en riesgo la institucionalidad del Estado, al tener estructuras del crimen organizado plenamente vigentes en organismos de Estado y en otras como la academia, la sociedad civil y los empresarios en general.
Sin embargo, y aunque fueran pocos pasos los que se daban, el cambio de Comisionado hacia un fiscal más conocedor de la realidad regional, prometía valores agregados fundamentales para la CICIG y para el país; pero no se contaba con que, en aras de contribuir con la no polarización de la sociedad y el hecho de alcanzar un juicio justo, la Comisión recibió el reclamo del gobierno de turno, asustado por las declaraciones de un testigo de la fiscalía, que promovió que le llamaran la atención al Comisionado, evitando que su trabajo fuera libre, sin presiones y efectivo, tal y como se prometió en un inicio.
El gobierno pareciera hacerse solito el camino más difícil, especialmente en cuanto a promover la salida del Comisionado y con ello disminuir las capacidades de la CICIG, ante el inminente periodo final de su mandato que concluye en 2015. Los resultados entonces, no están a la vista y pareciera que el trabajo arduo realizado, el cual no se niega, deberá seguir desde la perspectiva de un monitoreo de los casos y de una enseñanza efectiva hacia el personal de la administración pública, especialmente la judicial.
Y por ello, el futuro en esta materia es visto con preocupación por actores locales e internacionales, porque si con ayuda y peso internacional no se lograron avances o fueron muy pocos, no se tiene la confianza en que los verdaderos responsables según la Constitución, tengan el tiempo, el deseo o los recursos para hacer una transformación y saneamiento de su sistema judicial y con ello reducir los grados de impunidad.
Ojalá se aprenda la lección, para el tan oscuro futuro que está justo a la vuelta de la esquina.