Los individuos enmascarados se acercaron de noche a la casa y arrojaron panfletos sobre la muerte de un activista mapuche baleado por la espalda por un policía.

La propiedad pertenecía a una anciana pareja que había vivido la mayor parte de su existencia en esta tierra rodeada de montañas y bosques. Para los desconocidos, la pareja era parte de los enemigos que usurpan desde hace tiempo sus territorios ancestrales.

Cuando los individuos trataron de ingresar por la fuerza a la vivienda, Werner Luchsinger, de 75 años, le disparó a uno de ellos en el cuello en defensa propia. Su esposa, Vivian Mackay, de 69, llamó desesperadamente a su hijo para pedir ayuda, mientras los incursores quemaban la vivienda. La pareja murió en el incendio.

El incidente fue el episodio más grave que se ha registrado en un conflicto que se está tornando cada vez más violento en la región de la Araucanía, en el sur de Chile. En los últimos cinco años se han multiplicado por diez las denuncias de episodios violentos relacionados con la lucha de los mapuches por conservar su territorio, generando respuestas de la Policía que los indígenas consideran exageradas y abusivas.

Ahora, luego de décadas de buscar formas de responder a las demandas de los mapuches, el gobierno chileno trata de aliviar las tensiones. En los últimos tres años devolvió 10 mil hectáreas a los indígenas, continuando la política de sus antecesores, y alentó a empresas de la industria maderera y a otros propietarios de tierras a que permitan que los mapuches cultiven pequeñas parcelas.

La violencia, no obstante, ha aumentado y los mapuches insisten en su demanda de que les devuelvan unas 400 mil hectáreas.

«Lo de los Luchsinger marcó un antes y un después», declaró Andrés Chadwick, ministro del Interior y de Seguridad, a la The Associated Press. «En la comunidades aledañas hay temor. El pueblo mapuche se siente oprimido y sienten que les van a decir a todos terroristas. Y el no mapuche dice: ‘Soy el próximo, me van a incendiar mi casa»’.

Todos los bandos -mapuches, terratenientes y empresas madereras- han lamentado la escalada en el conflicto y muchos la atribuyen a excesos de la Policía y a elementos extremistas entre los mapuches.

«Nosotros somos los que estamos pagando el precio de algo que el Estado no resolvió a tiempo», declaró Jorge Andrés Luchsinger, quien se presentó en la casa de sus padres diez minutos después de la llamada telefónica y no pudo hacer nada por salvarlos. «A mis padres ya los asesinaron».

«Antes del asesinato de mis papás, han habido muchos ataques, y no hay ningún detenido», agregó. «No sé cuál es la parte del sistema que está fallando, pero que el sistema falla, es evidente».

Además de la devolución de tierras los mapuches exigen la expulsión de las empresas madereras, que según ellos dañan el medio ambiente al plantar millones de pinos y eucaliptus para abastecer los mercados europeo y estadounidense. Piden asimismo que el gobierno ofrezca una disculpa por el mal trato de los indígenas y que se les conceda una autonomía parecida a la que tiene la región de Cataluña en España.

«No estamos intentando echar a nadie», afirmó Aucan Huilcaman, un líder mapuche. «No estamos pidiendo más carreteras o más semillas. Estamos pidiendo nuestro propio gobierno porque esta es nuestra tierra. No es (un reclamo) antichileno. Es promapuche».

Para Víctor Queipul, a la larga prevalecerá el derecho natural de su gente a estos territorios.

«Cuando era joven pensaba: ‘¿Cómo podemos enfrentar a las compañías forestales y los terratenientes si todos los fiscales y los terratenientes no son mapuches?»’, expresó Queipul mientras un helicóptero de la Policía sobrevolaba el bosque. «Y un día una anciana sabia me dijo: ‘Hay algo como el poder de la tierra. Si uno cree en eso, nadie nos puede sacar»’.

El presidente Sebastián Piñera decidió recurrir a una ley antiterrorista de la época de la dictadura de Augusto Pinochet, que permiten retener a un sospechoso en aislamiento y sin que se le radiquen cargos, así como la intercepción de llamadas telefónicas y el uso de testigos secretos en las investigaciones. Piñera envió a cientos de policías a la región para custodiar las tierras, con el riesgo que esto conlleva de que se produzcan ataques de los elementos más militantes del movimiento mapuche.

Chadwick afirmó que la mayoría de los mapuches no están involucrados en los actos de violencia, pero que estos representan «acciones terroristas» perpetradas por extremistas del movimiento indígena. Los objetivos han sido agricultores, compañías madereras y sus equipos.

Casi cinco meses después del incendio de la casa de los Luchsinger se ha detenido a una sola persona, Celestino Córdova Tránsito, de 26 años. Fue arrestado la noche del incendio con una herida de bala en el cuello.

«Dejan a los perros adentro de la casa y hacen que los dueños miren mientras que se quema la casa. ¿Quién hace eso?», preguntó el ministro. Los mapuches no hacen este tipo de cosas».

En el 2008 el gobierno detuvo a Daniel Alveal y lo acusó de participar en un ataque armado contra un ejecutivo de una empresa maderera. Alveal fue absuelto y está de vuelta en su comunidad, pero dice que le cuesta encontrar trabajo por sus antecedentes policiales.

«En esa época fui catalogado como el terrorista más grande de esta área», declaró Alveal. «A los seis días quedé libre, pero para la opinión pública quedé como terrorista».

Por siglos, muchos trataron de apoderarse de las tierras mapuches. El poderoso imperio inca no logró hacerlo. Los conquistadores españoles, que fundaron Chile hace más de cinco siglos, cruzaron el desierto más seco del mundo y fueron derrotados cuando su líder murió.

Los mapuches firmaron tratados con el estado chileno en los que se les conceden todas las tierras al sur de Bio Bio, casi la mitad sur de este estrecho país. Pero en el siglo XIX llegó una segunda ola de inmigrantes europeos y, para acomodarlos, se desconocieron los tratados en una violenta campaña bautizada la «Pacificación de la Araucanía».

Hoy, más de 800 mil mapuches viven en esa región, la más pobre del país, en los márgenes de los bosques comerciales y las haciendas. Celina Huento, una campesina mapuche de 49 años, estaba sentada una tarde reciente en un banco de madera en su choza de piso de tierra cerca del barril que usa para hacer chicha.

«Las cosas están peores que nunca», dijo Huento. «Lo que hicieron con los Luchsinger fue muy malo pero los mapuches somos discriminados; nos pasan por encima».

El ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavin, dijo que el gobierno quiere integrar las tradiciones y el lenguaje mapuche al resto del país y pone como ejemplo la relación del gobierno de Nueva Zelanda con los maori.

«Antes de cada partido de rugby, el equipo de los All Blacks hace el hakka», comentó, aludiendo a un baile indígena. «Puede parecer algo menor, pero es grande porque es un reconocimiento de que es un país multicultural. Ellos también tuvieron un conflicto grande con el pueblo maori pero ahora el país entero se presenta orgulloso con su identidad».

En las afueras de Vilcun, un sendero a lo largo de un arroyo llega a los restos chamuscados de «Lumahue», la hacienda de los Luchsinger. Alejandro Núñez, el jardinero de la hacienda, de 62 años, llegó con su tractor rojo y recogió algunas pertenencias de la familia.

Una bandera chilena desgarrada, un altar con velas derretidas en la puerta y los resortes quemados de los colchones sirven como un silencioso testimonio de la atrocidad ocurrida.

«Para mí es un dolor tremendo. Cuando me avisaron que mis patrones estaban carbonizados, no me aguanté, me rompió por dentro», expresó Núñez, señalando hacia lo que queda de la cama de la pareja. Una nieta había colocado una rosa seca junto a las cenizas.

«Es una maldad lo que hicieron», manifestó. «Hubieran quemado la casa, pero ¿quemarlos a ellos adentro?». La familia Luchsinger inmigró desde Suiza. Melchor Luchsinger, el abuelo de Jorge Andrés, compró unas 300 hectáreas en la zona en 1940.

Unas tres décadas después, Werner Luchsinger adquirió parte de la tierra de su padre, la dividió entre sus hermanos y abrió una lechería. Hasta sus últimos días Luchsinger, quien era veterinario, se levantaba al amanecer para atender a sus vacas y sus ovejas. Cuando pequeños grupos de mapuches radicalizados comenzaron a quemar viviendas vecinas, Luchsinger decidió comenzar a cerrar temprano las puertas de la casa con llave.

«Nosotros somos víctimas porque mi padre compró una vivienda en un campo de 40 hectáreas, y ahí lo mataron», dijo su hijo Jorge Andrés Luchsinger. «¿Entonces es culpable de qué? ¿De haber comprado a otro particular no mapuche?… Nosotros no somos la causa de esta injusticia».

Cuando volvió la democracia a Chile en 1990, los gobiernos compraron tierras a las empresas forestales y entregaron parcelas a los mapuches, al tiempo que mediaban para que las comunidades pudiesen cultivar otras tierras.

Pero los mapuches a menudo no contaban con el dinero ni las herramientas necesarias para explotar las tierras y tienen problemas para demostrar cuáles son exactamente las tierras que les pertenecen.

Frustrados activistas mapuches empezaron a ocupar tierras. En una de estas tomas, la respuesta policial llevó a la muerte de Matías Catrileo, un activista de 26 años, en tierras que eran propiedad de un pariente de los Luchsinger.

Catrileo ha pasado a ser un símbolo de la lucha mapuche y su nombre aparecía en los panfletos distribuidos durante el ataque en la hacienda de Luchsinger, el cual coincidió con el quinto aniversario de su muerte. La Policía también ha sido acusada de disparar balas de goma y gas lacrimógeno al irrumpir en viviendas de mapuches.

«El 80% de la población no es mapuche, el 20% lo es. Y la pregunta es: ¿Qué hacemos con el 80% de las personas?», señaló Erich Baumann, gobernador de Malleco, una de las dos provincias de la Araucanía. No las podemos sacar. Y no podemos echar atrás la historia, para bien o para mal».