Esta mañana la organización Impunity Watch presentó un informe de monitoreo a la justicia transicional en Guatemala, en el que recomienda realizar correcciones en el sistema de justicia y fortalecer las instituciones para combatir la impunidad.

Wilson de Los Reyes, director de esta institución en Guatemala, menciona que uno de los hallazgos del informe –realizado con datos de 2012–, es que existe la necesidad que el Estado, asuma una “política de Estado”, para la realización de actividades en materia de verdad, justicia, reparación y no repetición.

“Quiere decir que las políticas en materia de justicia transicional no deben ser políticas de Gobierno, sino políticas de Estado que puedan sobrevivir los cambios de gobierno y que no haya un rediseño en las instituciones y de todas las políticas cada cuatro años, porque esto las hace más débiles y hace que no sean sostenibles en el tiempo”, explica.

Para el directivo, las políticas para incluir este tipo de conocimientos y difusión varía con los cambios de gobierno, con lo cual “algo que debió haberse hecho hace mucho tiempo, no se hace porque cada quien lo quiere hacer de una manera diferente”.

Agrega que esta limitación trunca lo que se hizo en el gobierno anterior, y que nuevamente se replantean las políticas, pero que no da tiempo de implementarlas; y cuando llegan las nuevas autoridades, lo que hacen es quitar las anteriores y empezar a plantear otras cosas.

“La gran conclusión es que es necesario hacerlo más institucional. Las políticas han dado resultados, pero han sido de corto alcance. Tiene que haber resultados de mayor aliento, de más largo plazo y para ello es necesario que el Estado las asuma como una política propia”, expresa.

Según de Los Reyes, el reciente caso por genocidio es muy ilustrativo de lo que está pasando con la justicia transicional en Guatemala. “Es un grupo de personas de la sociedad civil, que ha trabajado por mucho tiempo para la justicia, que finalmente encuentra eco de sus reclamos en la voluntad institucional del Estado y en la voluntad del Ministerio Publico, para llevar adelante el caso”.

A su criterio, el problema radica en que posteriormente se registran ataques, y originan por dos razones: porque el gobierno y el Estado no respalda esa búsqueda de justicia. Y por otra parte, porque hay actores privados que tienen la capacidad de perjudicar el caso, y que permite también influir a los jueces.

“En ese sentido, vemos que uno de los principales hallazgos del monitoreo es que el efecto que tiene el litigio temerario y malicioso de ciertos actores poderosos, puede obstaculizar el avance de los casos. No solamente en casos del pasado, sino también en casos del presente”, dice.
 
El Director de IW señala que es necesario abordar como país este tipo de problemas para que Guatemala pueda empezar a solucionar estos por vías ordinarias y no recurrir a la vía extrajudicial, que es lo que está pasando.

“No como un reto del gobierno o de la sociedad civil, sino es un reto de la Nación. Y garantizar la igualdad ante la ley”, culmina.