Alfonso Portillo, paradójicamente, huía de la absolución… pero la justicia guatemalteca “perdió” el pulso, lo exculpó del delito de peculado y empezó a escribir el segundo capítulo de la historia del expresidente en los tribunales, solo que esta vez todo fue en inglés y en Estados Unidos.

El caso del exmandatario extraditado es emblemático para Guatemala, pues se evidencia la dependencia de las cortes internacionales y que se juzga al eslabón más débil detrás de las estructuras, mientras que los cómplices o sectores más poderosos se escudan en la impunidad.

Sentado en el banquillo de los acusados, frente al juez Robert P. Patterson y con ayuda de un sistema de traducción simultánea, el señalado escuchó con atención los motivos de su detención y fue informado sobre sus derechos; luego se declaró inocente del cargo de lavado de dinero.

Una audiencia de rutina realizada el 28 de junio en una corte federal de Manhattan, Nueva York, resultó ser un  hito para los guatemaltecos, que nunca antes habían visto tan avanzada una causa penal contra un exmandatario  en el extranjero.

Sin embargo, aunque el caso Portillo marca un precedente importante para la justicia, también deja lecciones para el sistema judicial guatemalteco, que quedó evidenciado por su debilidad y selectividad.

DEBILIDAD GUATEMALTECA

Manfredo Marroquín, director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana, indica que la extradición de Alfonso Portillo deja varias lecciones, principalmente en el tema de corrupción, “un delito que se puede perseguir internacionalmente”.

Marroquín dice que para Guatemala deja un mal sabor de boca, pues el sistema de justicia guatemalteco es “pésimo”, no solamente para juzgar los propios actos de corrupción, sino para recuperar el dinero perdido por esos actos. “Hasta ahora no hay ninguna acción para recuperar el dinero que se le atribuye a Portillo que tiene en el extranjero”.

Además indica que este caso en particular deja una lección muy costosa, porque tienen que ser instancias extranjeras quienes persigan estos actos y, por otro lado, que nacionalmente hay denuncia de corrupción pero no se realizan acciones para hacer cumplir la justicia.

Y es que la Sala Tercera de Apelaciones de Guatemala ratificó una sentencia absolutoria dictada en mayo de 2011 a favor de Portillo y de sus supuestos cómplices, el exministro de la Defensa, general Eduardo Arévalo, y el exministro de Finanzas Públicas, Manuel Maza.

La  ratificación absolutoria de la justicia guatemalteca hacia Portillo, por una supuesta millonaria malversación de fondos, se debió a que nunca se comprobó la acusación de peculado; eso, sin embargo, liberó las vías para su extradición.

Marroquín señala que a Alfonso Portillo se le persiguió penalmente porque desafió a varios actores poderosos del país y por un error propio, al haber hecho depósitos de dinero en los Estados Unidos.

“Yo creo que los niveles de corrupción en los diferentes gobiernos han sido altísimos en todos, pero ninguno ha hecho estas dos cosas que realizó Portillo”, dice Marroquín, quien advierte que  eso explica por qué él está procesado y otros presidentes y funcionarios, a pesar de haber cometido actos de corrupción, se encuentran en la impunidad.

Además indica que es necesario recordar que la corrupción se da en dos vías: “No puede haber solo corrupción sino también tiene que haber un corruptor, y en el caso de Guatemala los políticos están prácticamente en venta y todos son comprados, es un sistema de compra y venta”.

Según Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack, el proceso que se llevó en contra del expresidente Alfonso Portillo sienta un precedente de que “la justicia se manipula de acuerdo a la conveniencia”, y plantea la falta de credibilidad y la debilidad de las instituciones.

La analista considera que si Portillo fue investigado, “todos los políticos deben estar sujetos a una investigación, ya que siempre se ha conocido la corrupción que hay en el sistema”. Y quienes han cometido delitos no pueden ser superiores a la ley, señala.

Además dice que en todos los gobiernos se han escuchado actos de corrupción, por lo que todos los expresidentes deben ser investigados. “Es allí donde se dice, ¿dónde está que la ley es la misma para todos?, no hay imparcialidad de la ley”, dijo Mack.

Marroquín indica que si se tuvieran instituciones serias todos los expresidentes, exvicepresidentes, ministros y funcionarios deberían de estar sujetos a una investigación por su mandato, sin embargo no hay otros casos. “Eso dice que nuestros órganos de control son prácticamente inoperantes y son órganos de control que se someten al poder de turno y no lo tocan”.

FLANCOS DÉBILES

Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro-Justicia, indica que en el caso concreto de peculado el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala se centraron en los flancos débiles de toda una estructura criminal que logró incrustarse en el Estado.

Ibarra dice que dentro de la investigación que se realizó para determinar los actos de corrupción que ocurrieron en ese gobierno se dejó fuera la obligación de determinar la estructura; al final solo se logró armar un caso contra Portillo y  dos exmilitares, pero no se evidenció a la estructura como tal.

“Aquí nos quedamos solamente con un asomo de lo que es la estructura, sin tener un resultado que nos pueda servir de aprendizaje; en realidad lo que se pudo observar es que a nivel local es un aprendizaje de cómo se movilizaron las estructuras de la impunidad y de cuan débiles son las instituciones guatemaltecas”, señala.

Además indica que las demás personas involucradas no han sido procesadas porque al final de cuentas Alfonso Portillo y los exministros eran los eslabones más débiles de todo el grupo involucrado en negocios y desfalcos multimillonarios.

Ibarra señala que el MP debe de seguir investigando a la estructura criminal que a su criterio sigue intacta, viva y moviéndose.

Según la entrevistada, en el caso que se le juzgara al expresidente en los Estados Unidos por lavado de dinero, hay un implicado más  que sería el Gobierno de Taiwán que se sabe que a través de dadivas compra a los Estados para mantener su estatus en la comunidad internacional.

“No hemos tenido en Guatemala un sistema institucional orientado a combatir la corrupción; se ha dejado hacer. Lo que hace falta es que convirtamos la lucha contra la corrupción en una prioridad y de esa manera se tendrían mejores casos y más investigaciones”, indica.

EXFISCAL

Entre tanto Karen Fisher, exfiscal contra la corrupción, señala que interpuso la denuncia en contra de Alfonso Portillo sin que el Ministerio Público haya realizado la investigación correspondiente para determinar los actos corruptos en los que  el expresidente supuestamente estaba involucrado.

Según la exfiscal, hay que hacer una diferencia en los procesos que en Guatemala se llevaron a cabo y los que ahora se juzgarán en el país del Norte, pues estos corresponden a  una acto de lavado de dinero, el cual inició con un millón 500 mil dólares hasta llegar a 70 millones.

Además indica que el haber dejado absueltos a los presuntos implicados en los desfalcos millonarios de Guatemala deja un mal sabor de boca, pues es parte de la inefectividad del MP, aunque el caso de lavado de dinero es contundente.

Fisher dice tener pruebas convincentes para que Portillo sea juzgado así como las tenía en contra del expresidente Álvaro Arzú, pero señala que “no es mi obligación demandar a todo mundo” y “lo que pretendo es que ese dinero sea regresado al pueblo y recuperar los 70 millones de dólares”.

Señala que el proceso en contra del exmandatario tiene muchas aristas, puesto que existe evidencia de todos los bancos del sistema estadounidenses que fueron utilizados para lavar el dinero, además de los bancos en Francia, Suiza, Inglaterra y otros órganos como fideicomisos.