En los países con marcadas desigualdades sociales y económicas, como es el caso de Guatemala, resulta injusto, egoísta y retrógrado intentar aplicar las mismas leyes y normas para todas las personas sin considerar las desventajas o privilegios de los grupos específicos.

Utilizando esa lógica y el principio de la “discriminación positiva” surge la idea de la “justicia social”, que en un sentido práctico suele materializarse en políticas y acciones orientadas a promover la igualdad de oportunidades.

En otras palabras, la justicia social intenta favorecer con políticas incluyentes a los que siempre han sido desfavorecidos y marginados, para reducir las brechas de inequidad que obstaculizan su desarrollo o limitan su seguridad.

Seguramente que esta idea le incomoda y molesta a muchas personas, y especialmente a los grupos más conservadores, que insisten en que el país solo necesita leyes generales y disposiciones que se apliquen a todos por igual, al tiempo que rechazan las normas enfocadas a grupos específicos como mujeres, indígenas o campesinos.

Es entonces cuando se hace necesario un llamado a la reflexión sobre la importancia de la conciencia social, el razonamiento lógico y el sentido común, para comprender que los contextos económicos y sociales no son iguales para todas las personas y por eso no todos pueden competir en similares condiciones.

Así se hacen necesarias las leyes dirigidas a grupos específicos.

Los empresarios del sector textil, por ejemplo, dicen que no pueden competir con los productores chinos, que son más eficientes y competitivos, y por eso insisten en la importancia de mantener vigente la Ley de Maquilas y Zonas Francas en Guatemala, que reduce las asimetrías de su participación en el mercado internacional.

Y justamente, en el fondo, ese es el mismo argumento del sector campesino para pedir la aprobación de la ley de Desarrollo Rural Integral, proyectada hacia miles de pequeños productores agrícolas que por falta de recursos y capacidades no están en posibilidad de competir con los grandes productores del país.

El punto es que ante las asimetrías del mercado, interno o externo, se necesita un marco regulatorio específico que ayude a reducir las grandes brechas de las desigualdad, ya sea que se trate de exitosos empresarios o de campesinos subsistiendo en la pobreza.

Lo mismo pasa con la Ley contra el Femicidio, orientada a la seguridad específicas de las mujeres, considerando que por factores culturales y sociales son un grupo social más vulnerable ante la inseguridad y lo mismo sucede con otros grupos que promueven sus leyes específicas.

El problema radica en que algunos piden la aplicación de “las mismas leyes para todos” solo cuando esta idea les conviene y aunque comprenden bien la justicia social, no quieren admitir la necesidad de implementar leyes específicas cuando se trata de beneficiar a los grupos excluidos.

Incluso, algunos de los que ahora piden igualdad y “leyes parejas”, son quienes en el pasado se han beneficiado de leyes específicas, incentivos fiscales o de las instituciones del Estado.

Es tiempo de priorizar la justicia social y dejar a un lado el egoísmo.