Al iniciar esta semana fuimos sorprendidos por titulares de prensa que relataban que seis personas habían sido capturadas acusadas de ser autores del delito de lavado de dinero u otros activos, luego de haber recibido fondos de una supuesta triangulación de dineros, provenientes de las Municipalidades de San Miguel Petapa y Chinautla.
De conformidad con esas mismas noticias, el exalcalde de San Miguel Petapa, Rafael Eduardo González; el hijo y una nuera del actual alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, se encuentran dentro de los detenidos, y de igual manera dentro de los otros sindicados, aún no capturados, están la exgobernadora del Departamento de Guatemala, Mirla Julieta Flores Tobar y otra persona identificada nada más como un funcionario público, cuya identidad no fue revelada por el estado que guardan las investigaciones.
Al parecer, la trama que involucró traslados de fondos de dichas municipalidades por alrededor de 30 millones de quetzales, tuvo su origen cuando estas entidades públicas, trasladaron fondos hacia dos entidades u Organizaciones no Gubernamentales (ONG) las cuales a su vez los trasladaron a constructoras supuestamente a cargo de obras de desarrollo municipal y cuyos personeros, lejos de invertir el dinero en dichas obras, se dieron a la tarea de reintegrar fuertes sumas de dinero a los hoy capturados y a las otras personas cuya captura aún no se ha llevado a cabo.
El caso que hasta el momento se encuentra en fase de investigación dio un nuevo giro, cuando el día de ayer la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones designó a un Juez Pesquisidor para que analizara si hay lugar o no a formación de causa en contra del alcalde Arnoldo Medrano, en un proceso que pareciera destinado a acabar con los sucesivos gobiernos municipales del rey del transfuguismo político municipal, el alcalde Medrano quien gobierna los destinos del municipio de Chinautla desde 1988.
Por supuesto, es importante que el proceso avance y se pueda probar que lo detenidos y demás sindicados son efectivamente responsables del hecho delictivo, esto con el afán de sentar un precedente y romper con la constante rosca de costumbre de que en nuestro País las cosas no cambian y que las anomalías y delitos que cometen algunos funcionarios públicos por sí mismos, por parientes u otros esbirros, no son jamás penados y en consecuencia no existe temor al accionar de la justicia y cada quien cosecha lo que puede.
El proceso debe de ser apoyado y los diferentes actores sociales deben de velar por que el mismo llegue a su fin, una sentencia. La importancia de un fallo en un proceso de malversación de fondos o de uno secundario como el de lavado de dinero, no radica en el caso concreto, la importancia radica en cambiar el paradigma de que no perseguimos, no procesamos, no juzgamos y no condenamos a aquellos que saquean el erario público y se benefician de mala manera de fondos que son más que necesarios para acabar con las carencias y falta de infraestructura de nuestro país.