Representantes de las familias desalojadas en el Polochic denunciaron que el Ingenio Chabil Utzaj contrata a personas armadas para realizar desalojos violentos, además de utilizar a su seguridad para cometer estos hechos.

Los afectados ofrecieron una conferencia a los medios de comunicación, en la que explicaron que los hechos se agravaron el 25 de mayo, cuando 90 familias habrían sido desalojadas y se registraron cinco víctimas heridas. 

Agregaron que personal de la empresa utilizó “cuadrilleros” y policías privados para disparar en contra de dichas personas; según ellos, en la escena quedaron más de 35 casquillos de fusil y 109 casquillos para escopeta 12.

“De los compañeros que fueron heridos a uno le dieron en la espalda y hay otros que todavía están con los balines en el cuerpo y en la cara.  Hay un compañero menor de edad que está grave y es perseguido por esa empresa”, explicó Esteban Choc, representante de las familias y del Comité de Unidad Campesina (CUC).

Según se indica, también el 31 de mayo, en la Finca Sepur, un grupo de “sicarios” contratados por la misma empresa realizó un desalojo extrajudicial y atacó a las familias; el resultado fue un campesino de la comunidad carbonizado.

“El 31 del mes que finalizó sucedió, a las 4 de la mañana, que estaba rodeada la comunidad, pero ya no utilizaron el personal en cuadrilleros ni las policías privadas, sino que contrataron sicarios para asesinar; al igual, utilizaron armas de alto calibre, escopetas, pistolas, donde fue asesinado y arrastrado el compañero Carlos Cucul Tot”, se indicó.

Ese día también fueron carbonizados dos hombres, que se presume eran miembros de la seguridad. Fuentes del Ministerio de Gobernación (Mingob) explicaron que hasta hoy no han sido identificados y que el Ministerio Público (MP) investiga lo sucedido.

De acuerdo con la información, la empresa ha contratado a personas de las comunidades aledañas o de la misma área, para cometer estos hechos, a quienes supuestamente les pagan entre Q100 y Q200.

La Hora buscó la reacción de representantes de Chabil Utzaj por los señalamientos en su contra, pero al cierre de la edición aún no ofrecían su versión de los hechos.

“DENEGACIÓN DE DERECHOS”

Los afectados dijeron que responsabilizan al presidente Otto Pérez Molina por la denegación de los derechos vitales para las familias del Polochic y porque no existe voluntad gubernamental para cumplir con el compromiso que públicamente asumió en reiteradas ocasiones.

Según la información, desde el desalojo de marzo de 2011, hay 800 familias afectadas.