La guerrilla colombiana de las FARC anunció la muerte de 11 de los 12 ex diputados provinciales que mantení­a secuestrados desde abril de 2002 durante un ataque militar al campamento donde estaban retenidos, el cual fue negado por las Fuerzas Armadas.

Los polí­ticos formaban parte de un grupo de 56 rehenes a quienes las FARC exigen canjear por guerrilleros presos. Entre los cautivos se encuentran además tres estadounidenses, la ex candidata presidencial franco-colombiana Ingrid Betancourt, otros polí­ticos, militares y policí­as.

Los ex legisladores murieron el 18 de junio, mientras que el legislador Sigifredo López sobrevivió pues «no estaba en ese instante», según un comunicado divulgado este jueves por la agencia Anncol, que publica información del grupo en internet.

«El Comando Conjunto de Occidente de las FARC informa que el dí­a 18 del presente mes 11 diputados de la Asamblea del Valle que retuvimos en abril de 2002 murieron en medio del fuego cruzado, cuando un grupo militar sin identificar hasta el momento atacó el campamento donde se encontraban», señaló la declaración, fechada el 23 de junio.

Los rebeldes culparon al presidente Alvaro Uribe, indicando que su «demencial intransigencia para llegar a un intercambio humanitario y su estrategia de rescate militar por encima de toda consideración conlleva a tragedias como la que estamos informando».

«A los familiares de los diputados fallecidos les manifestamos nuestro profundo pesar por la tragedia. Haremos lo que esté a nuestro alcance para que puedan recoger los despojos mortales lo más pronto posible», añadió el comunicado.

Las FARC aseguraron que en el área de los hechos, que no precisaron, «se desarrollan desde hace varias semanas amplias operaciones conjuntas de militares y paramilitares (de ultraderecha), lo que ha generado innumerables combates y creciente presencia de fuerzas oficiales».

Pero el gobierno y el comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla, negaron que se hubiera ordenado un operativo de rescate.

Padilla aseguró que la inteligencia militar «no ha tenido conocimiento alguno sobre la exacta ubicación del lugar de cautiverio» de los polí­ticos, por lo que «no se ha ordenado adelantar operaciones militares de rescate».

Sin embargo, el 18 de mayo Uribe ordenó a la fuerza pública rescatar a los secuestrados, dos dí­as después de conocerse la fuga de un policí­a cautivo durante casi nueve años.

«Aquí­ no hay jueguitos con estos bandidos de las FARC, aquí­ no hay despejes. Señores generales, vamos a rescatar a Ingrid Betancourt», dijo entonces en un encendido discurso.

En Parí­s, el ministerio francés de Relaciones Exteriores subrayó que «el uso de la fuerza para liberar a los rehenes debe estar absolutamente prohibido», y anunció que verificará la información.

La madre y la hermana de la rehén Betancourt pidieron a las autoridades de España, Francia y Suiza que intervengan para impedir nuevas «operaciones militares de rescate que pongan en peligro la vida de los secuestrados», según un comunicado enviado a la AFP en Parí­s.

Los familiares de los cautivos en Colombia se expresaron consternados y confiaron en que la noticia sea desvirtuada por el Secretariado (mando central) de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

«De confirmarse, responsabilizamos a las FARC y al presidente Uribe por su intransigencia frente al acuerdo humanitario», dijo Fabiola Perdomo, esposa del ex diputado Juan Carlos Narváez.

Los diputados fueron secuestrados el 11 de abril de 2002 por un comando que irrumpió en la sede de la Asamblea del departamento de Valle, en pleno centro de la ciudad de Cali (suroeste), haciéndose pasar por militares.

Es el segundo hecho de este tipo que se registra durante el gobierno de Uribe.

En mayo de 2003 en una fallida operación de rescate murieron ocho militares, el ex ministro de Defensa Gilberto Echeverry y el ex gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria, mientras que el capitán de la policí­a Julián Ernesto Guevara falleció en enero de 2006 en cautiverio aquejado por una enfermedad.