El entendimiento de nuevas perspectivas relacionado al consumo de drogas es el tema del momento en Guatemala y la búsqueda de una política integral frente a ese problema es el centro de atención de la 43 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA),

A realizarse desde hoy hasta el jueves en Antigua Guatemala, donde se desarrollará una discusión para alcanzar un abordaje más integral a lo que comúnmente se ha hecho para tratar la dependencia a los narcóticos como un tópico de salud.

Términos como “despenalización de la marihuana” y “regulación del consumo de drogas” abundan ahora en el imaginario social, mientras que analistas, políticos y expertos han abierto las puertas de un intenso debate referente a cómo combatir el narcotráfico, además de insistir en el enfrentamiento frontal contra los poderosos cárteles de la droga.

Sin embargo, hasta hace poco se habla en mínima proporción de las personas que sufren de adicción a las sustancias ilícitas y que para rehabilitarse tienen que pagar tratamientos caros e incluso pueden valerles un ingreso a la cárcel, en donde en vez de recuperarse agravan su problema.

Debido al momento político que se vive ahora en el continente, existe una esperanza de que empiece a cambiar el enfoque represivo y punitivo del consumo de drogas y se emprendan acciones que superen la mínima atención que se ha brindado a las personas que sufren adicciones.

Las autoridades guatemaltecas encargadas del tema de drogas indican que están tratando de dar un enfoque en salud a este problema, antes que criminalizar a las personas consumidoras, como se había hecho en el pasado. Esto como consecuencia que la idea de la despenalización de las drogas sugerido por el presidente Otto Pérez Molina no tuvo una estructura totalmente definida ni eco en Estados Unidos.

Lucky López, directora de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas (Seccatid), explica que existe un mandato “presidencial” para darle un enfoque en salud y derechos humanos a la Política Nacional contra Adicciones.

“Queremos darle un enfoque renovador a la política e implementar el marco conceptual de la Estrategia de Reducción de Daños de la Organización Panamericana de la Salud, que se trata de partir de la comprensión de la persona y darle un tratamiento integral, y no criminalizar el consumo”, señala.

Pero estos esfuerzos no son suficientes, porque en el país no existe un programa estatal para dar atención integral a las personas que sufren de adicción a las drogas, ni un presupuesto en el Ministerio de Salud para este fin, que debería invertirse en la creación de centros de tratamiento.

Los adictos únicamente pueden recurrir a centros privados o no gubernamentales de recuperación que existen en el ámbito nacional y cuyo funcionamiento es supervisado por el Departamento de Regulación, Acreditación y Control de Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud.

LOS CENTROS

En Guatemala no hay centros estatales de atención a las personas con adicciones, según Héctor Hernández, coordinador nacional de los Centros de Atención Integral a Personas con Adicciones (CAIPA). El único lugar de carácter público y estatal es el Centro de Tratamiento Ambulatorio de la Seccatid.

De acuerdo con Hernández, tampoco existen cifras oficiales de las personas que están internadas en los centros de rehabilitación, que suman aproximadamente 75 en el plano nacional.

El entrevistado asegura que este problema se debe a que la atención a los drogodependientes no es una prioridad del Ministerio de Salud, tampoco se tiene un presupuesto específico para ello y la estigmatización de las personas con problemas de adicción por parte de la sociedad, no solo del Estado, implica que se les margine.

Quienes tienen capacidad de costearse un tratamiento acuden a los centros de rehabilitación, donde las personas pueden decidir si desean quedarse para desintoxicarse por una semana, un mes o incluso más, unos seis o nueve meses; los cobros se realizan de acuerdo a la naturaleza de cada institución, muchas de ellas son organizaciones no gubernamentales que piden donaciones y en el caso de las que son de carácter religioso solicitan ofrendas.

Los gastos en los que incurren las personas que deciden internarse “porque han tocado fondo” o a quienes sus familiares los obligan son principalmente en los rubros de alimentación, higiene personal, medicinas y vestuario. Son necesidades básicas, pero muchos no las pueden pagar ni siquiera fuera del centro de tratamiento debido a su situación económica.

Hay quienes pueden pagarse una rehabilitación en México, Cuba, Estados Unidos o en un centro, que quizá les cobra unos Q1000 diarios o más, pero la mayoría de la población no puede darse ese lujo, enfatiza Hernández.

La causa principal del internamiento es por el consumo de alcohol, una droga lícita y regulada, a lo cual le siguen los narcóticos ilícitos, como la marihuana, cocaína o las drogas sintéticas.

Actualmente solo hay una persona encargada de la supervisión de estos centros privados a nivel nacional. Esa importante función recae sobre Hernández.

EL ÚNICO CENTRO ESTATAL

La doctora Claudia Samayoa, directora del Centro de Tratamiento Ambulatorio, único proyecto estatal, explica que ahí reciben a las personas que quieran acceder a una terapia, ya sea individual, familiar u ocupacional.

Para acceder al servicio los interesados deben solicitar una cita y luego regresan a su casa para esperar una respuesta, ya que no es un centro de internamiento y no se brinda atención de emergencia.

No obstante, la atención en el centro es integral multidisciplinaria; se cuenta con psicólogos, trabajadores sociales, médicos y profesores para las terapias ocupacionales.

Samayoa dice que atienden anualmente a unas mil 200 personas de todas las edades y de todos los departamentos, aunque quienes más requieren atención son del departamento de Guatemala, especialmente de Villa Nueva y Mixco.

Al centro ingresa un mayor porcentaje de hombres; el 70 por ciento y el 30 por ciento restante son mujeres. Las sustancias de consumo más usadas por quienes buscan ayuda son en primer lugar el alcohol, seguido de la marihuana.

Los pacientes pueden seguir un tratamiento de ocho meses con su terapeuta y durante ese lapso logran aplicar, a criterio del experto, a una terapia grupal, familiar u ocupacional.

Aunque la atención para el usuario es gratuita, porque está subvencionada por el Estado, el costo de la terapia por ocho meses se estima en aproximadamente Q3 mil 600 por paciente.

El centro se encuentra ubicado en la 23 calle, 18-08 de la zona 12, Avenida Petapa, contiguo al Patronato de Alcohólicos.

CRIMINALIZACIÓN DE LA ADICCIÓN

Con estadísticas del Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial (Cenadoj), La Hora reportó que el año pasado el Organismo Judicial tramitó 109 mil 952 procesos penales por distintos delitos, mientras que al 13 de mayo de 2013 han ingresado 11 mil 521 causas penales. Los procesos por delitos relacionados a la narcoactividad suman 2 mil 164 expedientes entre ambos años, lo que representa un 1.78 por ciento.

El reporte estadístico detalla que por el delito de tránsito internacional han ingresado 30 casos, lo que contrasta con el ilícito de posesión para el consumo, con mil 320 causas del total de procesos. Los juzgados del Ramo Penal de toda la República han dictado 464 sentencias; 367 de carácter condenatorio.

Gary Estrada, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), explica que en promedio, las personas encarceladas por estos ilícitos conforman el 7 por ciento del total de privados de libertad, y “aunque no parece ser significativo, un gran porcentaje de estas personas son adictas a las drogas y el consumo es un problema de salud” que se agrava en esas condiciones, manifiesta Estrada.

El analista considera que no se está realizando un abordaje integral, porque dentro de las cárceles es donde hay más ocio, no existen planes para una rehabilitación en los cuales se aborde la adicción como un problema de salud y esto puede llevar la adicción a otro nivel.

Mientras no haya un problema de desintoxicación real, a las personas que el Estado criminaliza les genera más conflicto en esta adicción, señaló.

Samayoa también cree que la criminalización del adicto no es la ruta a seguir. “En Seccatid estamos implementando una estrategia de reducción de daños, con un enfoque en salud pública, que significa que ya no estamos viendo al consumidor como un delincuente, sino como una persona que requiere un tratamiento basado en evidencias científicas y enfoque de derechos humanos”, apunta.

López, directora de la Seccatid, considera que “el consumidor no debe ser criminalizado porque prácticamente es la víctima de este negocio ilícito”. “Al desarrollar una adicción se trata de una enfermedad por consumo y eso está tipificado en el Manual de los Trastornos Psicológicos DSM-V”, precisa.

EN LA OEA

El tema de las drogas estará presente en la 43 Asamblea de la OEA a realizarse en Antigua Guatemala a partir de hoy hasta el jueves, “Por una Política Integral frente al Problema de las Drogas” en las Américas.

El canciller Fernando Carrera expuso que en la Declaración que emitirá la Asamblea se piensa incluir la drogadicción como un problema de salud, como parte de los componentes de esta nueva visión respecto a las drogas.

Carrera aclara que lo que se discutirá en la 43 Asamblea General de la OEA “no será la posición de Guatemala” sino el nivel de consenso que existe entre los países del continente.

“Guatemala no es que tenga una posición y trate que los demás países se pongan de acuerdo. Lo que se hará es negociar con las demás naciones en la Declaración; lo importante es que la Declaración tenga algunos elementos de lo que hemos hablado, como el enfoque de salud o el énfasis de prevención en la seguridad y no represiva”, indicó.

Sobre términos que se confunden como despenalización y regulación, el canciller explica que “despenalizar” significa quitar condena a un determinado crimen. Por ejemplo se puede despenalizar la posesión de alguna cantidad de drogas o el consumo de alguna droga que hoy es ilegal, como la marihuana.

Lo que ocurre en algunos estados de Estados Unidos o en Uruguay es que se está despenalizando el consumo, expone Carrera.

La regulación se trata sobre “si yo decido que algo puede circular en la sociedad, no solo está despenalizado sino que está circulando, pero en un marco regulatorio”. Por ejemplo, el tabaco, que es una sustancia psicotrópica está regulado al igual que el alcohol, pero no se puede vender a menores de edad o en cualquier parte, a menos que tengan licencia, son sustancias legales y reguladas, indicó el funcionario.