Cada integrante de una estructura criminal juega un rol delineado de acuerdo con sus capacidades y experiencias, para así­ cumplir con uno o varios objetivos especí­ficos, pues de ello depende el éxito de una operación delictiva. Por eso, no todos se ensucian las manos. Algunos nunca han apretado un gatillo, pero sí­ compran semanalmente el papel español y los timbres fiscales. No utilizan gorros pasamontañas, aunque sí­ buscan lucir impecables en la Torre de Tribunales. Serí­an incapaces de intimidar a sus enemigos, pero pueden hablar con propiedad y recitar las leyes de memoria. A pesar de que su papel no destaca en las mafias, los abogados y notarios también se involucran en estos grupos delictivos e incluso, ocupan un puesto clave en esas organizaciones, como lo demuestran varios casos recientes.

Ser un profesional del derecho le otorgaba varias facilidades para entrar y salir sin restricciones del Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18. Con esa prerrogativa, su función no se limitó a defender a un grupo de pandilleros de la Mara 18, que supuestamente habí­an contratado sus servicios profesionales, sino que además, según las autoridades, podí­a “colaborar” con una estructura del crimen organizado.

No se sabe con precisión cuántas veces lo hizo, pues fue hasta el 19 de junio cuando falló en su intento por ingresar, en un par de muletas, 15 baterí­as para celular, un cargador y un panel solar, así­ como media libra de marihuana al centro carcelario, pues no esperaba un registro minucioso por parte de la Policí­a Nacional Civil (PNC) y personal del Sistema Penitenciario (SP) a todos los visitantes.

El abogado Rolando Daniel Hernández Jerez, de 56 años, identificado con el número de colegiado 6 mil 445, fue detenido intentando atravesar los anillos de seguridad de la cárcel con los objetos antes citados. Inicialmente habrí­a informado que las muletas eran para uno de sus defendidos, pero no especificó de quién se trataba, pues se sabe que tení­a varios clientes en el Sector 11 del Preventivo.

Una historia similar se suscitó el 14 de diciembre de 2010, cuando Sandro Danilo Cacoj Bermúdez, abogado y notario, fue detenido en las afueras de la cárcel Fraijanes I, ubicada en el complejo penitenciario de Pavón.

Después de investigarlo por varios meses, las autoridades confirmaron que el jurista era “mensajero” de pandilleros de la Mara 18, quienes pretendí­an continuar operando planes criminales a través de cartas con órdenes para los integrantes de sus clicas, que gozaban de libertad.

Estadí­sticas de la PNC y del SP revelan que de diciembre de 2010 a junio de 2011 se han efectuado cinco capturas de juristas, supuestamente involucrados con grupos del crimen organizado, quienes contribuyen a generar violencia desde los centros carcelarios y son considerados como “una pieza clave” dentro de las estructuras delictivas.

ESTRUCTURA DEL CRIMEN

Análisis realizados por las unidades de investigación de la PNC indican que los abogados son uno de los pilares más importantes en una estructura criminal, pues además de defender a sus clientes y utilizar diferentes estrategias para que estos evadan la cárcel o recuperen pronto su libertad, pueden colaborar para fortalecer a los grupos delictivos, que en ocasiones carecen de importantes habilidades logí­sticas.

Según las pesquisas, los profesionales del derecho –identificados en los casos documentados– son utilizados como mensajeros del crimen.

No obstante, en ocasiones, esto no puede considerarse como un delito, pues en el caso de las pandillas –que se comunican con jergas difí­ciles de descifrar–, es complicado comprobar su participación en actividades delictivas.

Un investigador destacó que en un mensaje encontrado a un jurista, se leí­a: “Mañana te vas y le tirás dulcitos, le decí­s que fue por no colaborar con el barrio”. Esto, según la fuente, se interpreta que quien goza de libertad –miembro de la clica– debe disparar contra el comerciante de una tienda, que no pagó la extorsión que se le exigí­a.

También se sabe que los defensores del crimen ingresan bienes ilí­citos para sus clientes, como teléfonos para que los grupos sigan delinquiendo desde prisión, o herramientas como paneles solares que sirven para cargar los teléfonos móviles. 

Hasta este momento, no se comprueba que hayan ingresado armas de fuego, pero es un hecho que no se descarta.

ACCIONES

Ana Marí­a de Klein, de la organización de Madres Angustiadas, opina que el Ministerio de Gobernación (Mingob) es el ente encargado de vigilar que no ingresen ilí­citos a las prisiones, por lo que considera que se deben hacer verificaciones rigurosas a los profesionales del derecho, para evitar más casos como los documentados.

“El Ministerio de Gobernación es el responsable del funcionamiento del SP y del resguardo de que no ingresen artí­culos prohibidos a las cárceles, pero creo que es importante proceder y hacer un registro al portafolio de los abogados, porque obviamente no se les puede negar el acceso al lugar donde están los reos”, indica la profesional.

Según la entrevistada, deben existir regulaciones y una iniciativa entre el Mingob y el Colegio de Abogados y Notarios, para que se sancione a quienes cometen este tipo de delitos.

“El registro es una regulación que puede hacer el SP, pero también el Mingob podrí­a poner una iniciativa ante el Colegio de Abogados, para que los abogados que estén cometiendo esa clase de delitos sean sancionados por el Tribunal de Honor y si son reincidentes, se les sancione para que no puedan continuar ejerciendo”, destacó De Klein.

Por su parte, Eddy Morales, director del SP, indica que se han tomado las primeras acciones, pues el 21 de junio, la institución enví­o una carta al Presidente del Colegio de Abogados y Notarios, José Cabrera, así­ como al Presidente del Tribunal de Honor de esa entidad, Juan Carlos Godí­nez, para advertirles que si estas situaciones continuaban por parte de los juristas, restringirí­an los permisos de ingreso.

“De conformidad con la cláusula tercera del Convenio Institucional entre el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y la Dirección General del SP, se han venido otorgando los ingresos de los profesionales a los distintos centros penales de una manera diligente, pero ante los acontecimientos se hace necesario dar cumplimiento al deber que como institución hemos de cumplir, el cual es mantener la custodia y la seguridad de las personas reclusas en resguardo de la sociedad, por las razones expuestas se solicita su comprensión debido a que de continuar infringiendo la ley por parte de los profesionales se tomará la medida de restringir los permisos de ingreso a los distintos centros penales a nuestro cargo”, refiere un extracto de la comunicación enviada por el SP al Colegio de Abogados.

Morales, afirmó que los hechos suscitados han motivado a redoblar las medidas de seguridad con los profesionales del derecho.

“Nosotros hemos redoblado los esfuerzos conjuntamente con la PNC y al mismo tiempo con los entes de inteligencia, que han contribuido a contrarrestar este tipo de anomalí­as y delitos que estos abogados inescrupulosos litigantes han cometido, por esa razón hemos tenido que restringir el acceso de este gremio de abogados litigantes –aclaro–, para que ellos respeten esa norma”, dijo el funcionario.

Según se ha indicado, a través del sistema de denuncias se ha logrado controlar la forma de operatividad de estas personas, pero también de familiares y amigos de los privados de libertad que participan en estas organizaciones.

SANCIONES

José Cabrera, presidente del Colegio de Abogados y Notarios, dijo que la institución conoció el caso de un abogado involucrado con el crimen a través de los medios de comunicación, pero con el respeto al derecho a la presunción de inocencia,
 
No obstante, el jurista aseguró que la entidad colegiada ha ofrecido respaldo a las instituciones de justicia.

“He tenido conocimiento de un caso, a través de la prensa, bajo la presunción de inocencia y del debido proceso. El Colegio de Abogados sólo puede dar respaldo a las instituciones de justicia, Ministerio Público (MP) o Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que puedan determinar en todo caso la responsabilidad; si hay responsabilidad de parte de ellos, el Colegio tomará cartas en el asunto en el Tribunal de Honor”, afirmó Cabrera.

El entrevistado afirmó que de comprobarse la participación de un abogado en un ilí­cito, se puede amonestar o inhabilitar a un profesional de sus funciones.

“Podrí­amos en todo caso pedir al Tribunal de Honor que se pronunciara con respecto a eso para poder sancionarlos de forma gremial. Hay amonestación privada, que es la más pequeña, y amonestación, pública que es la mayor; y hay sanciones económicas, inhabilitación de la profesión en todo caso, que eso también lo puede hacer la CSJ a la hora de encontrar que un abogado o un notario está bajo la persona del crimen organizado, puede inhabilitar también”, afirmó el profesional.

Según Cabrera, la preocupación por estos hechos los ha llevado a implementar cursos de ética para quienes todaví­a no han sido juramentados en la profesión. Sin embargo, destacó que esto no sucede únicamente con el gremio de abogados, pues también sucede en otras profesiones.

“Preocupa y por eso estamos capacitando a los abogados. Antes de que se juramenten, les estamos dando cursos de ética, que es algo que esta Junta Directiva implementó; eso no solo pasa en los abogados, pasa también en los ingenieros con la construcción de carreteras, que llegan hasta la cuestión de contratos, pero hay que ver la negligencia profesional; pasa en los médicos con negligencia médica”, concluyó el representante del Colegio.