Para muchos lectores lo expresado en el titular podría ser como una herejía o sacrilegio. ¿Cómo va a ser que a un aprendiz de escribiente se le ocurra decir tremenda barbaridad? Pues a decir verdad, no es nada nuevo, ni es primera vez que lo digo. Muchos miembros del gobierno de Berger se llenaron la boca asegurando que una Comisión Internacional Contra la Impunidad vendría a acabarla en nuestro país.

Sin embargo,  conociendo a mi gente, compartí el criterio que eso no sería más que una intromisión extranjera en asuntos internos, que no funcionaría y por consiguiente la CICIG y la carabina de Ambrosio terminarían siendo la misma cosa, aparte de estar previa y plenamente convencido que las instituciones no son buenas ni malas, sino que su éxito o fracaso proviene de quiénes las comandan.

Y el tiempo nos ha dado la razón y si cabe alguna duda, basta con tomar papel y lápiz para hacer un recuento de sus resultados para comprobar que son escuálidos, como que jamás han merecido el  adjetivo de exitosos. Pero lo anterior no es obstáculo para reconocer que la intención era buena, que al menos se ponía en evidencia que nuestra justicia tenía rato de haberse quitado la venda de sus ojos para ver que tanto en sus procesos como en la aplicación de la ley privaban los mezquinos intereses. Recuerdo también que en el afán de defender la llegada de la CICIG a nuestro país se aseguró que a quien llegara de afuera no le temblaría el pulso para suscribir cualquier cantidad de señalamientos, por oscuros que fueran, para recuperar nuestra maltrecha justicia. Pero ahí están los resultados ¡les tembló! Y todo quedó en sueño de una costosa, larga e inútil noche de verano.

De ahí que vuelva a suplicar la imprescindible acción de poner los pies sobre la tierra. Sí, a nadie más que a los guatemaltecos corresponde combatir la impunidad. Claro, esa responsabilidad recae en los tres poderes del Estado pero en especial, en el Organismo Judicial, pues no puede seguir siendo irresponsable por tener infinidad de ventanillas sin la gente  capaz que los atienda diligente y honestamente en la aplicación correcta del principio de administrar una justicia pronta y eficaz. Por favor, el respaldo legal lo tienen en la Constitución de la República y si en dado caso por determinadas circunstancias fuera necesario algún ajuste o modificación, pues háganlo, para que no se siga utilizando como excusa de quienes lo integran para no acatar sus normas, debiendo tener siempre presente que sin ello están siendo los propiciadores de la pérdida de nuestra soberanía y que nuestra democracia siga corriendo el riesgo de dejar de existir. Está más que demostrado que nuestro gran defecto ha sido vivir siempre pisoteando nuestra Constitución y por añadidura, tanto nuestros diputados como nuestras autoridades no la conocen mucho menos la acatan.