La Contraloría de Cuentas dio a conocer ayer millonarios reparos formulados a funcionarios públicos por mal manejo de los recursos a su cargo y aunque es un sano ejercicio el realizado, todavía falta mucho por hacer para que esos reparos se conviertan en procesos penales en contra de quienes inflan el valor de las contrataciones que hacen para embolsarse dinero del erario.

Y por supuesto que tenemos que tener muy claro que los grandes negocios no entran en esa fiscalización porque se trata de cuestiones en las que nadie pone mucha atención y en las que, además, se borran las huellas. La mañosa concesión a una empresa española del manejo de parte de la operación portuaria bajo el disfraz de un arrendamiento, por ejemplo no figura entre las cuestiones que la Contraloría evaluó y reparó, no obstante que es uno de los actos más escandalosos de los últimos años. Tampoco se dice nada ni se dirá, de la forma en que se otorgan algunas licencias de explotación minera, puesto que el dinero que corre pasa debajo de la mesa y no tiene nada que ver con lo que la Contraloría supervisa.
 
 Nuestro sistema de fiscalización es muy débil y la misma Contralora lo ha admitido en más de una ocasión. Es bueno que ahora figure entre las auditorías lo que se ha hecho ya con algunos de los fideicomisos, porque ello permite demostrar que son auditables aún y con el tema del secreto bancario porque el mandato constitucional es demasiado claro y superior a cualquier otra ley y el mismo establece la obligación de fiscalizar el uso de todos los fondos públicos, no importa cuál sea la figura legal que se manipule para su manejo.
 
 Repetimos que en los grandes negocios, en los de más bulto y que significan el mayor ingreso para funcionarios públicos, no existe asomo de fiscalización y no puede pasarse por alto que ahora se llega al descaro de colocar a los abogados expertos en los turbios manejos para darles apariencia legal para que dirijan instituciones y así se encarguen de borrar todo atisbo que pueda abrir la puerta a una auditoría o, peor aún, a un juicio penal.
 
 Pero hay que ver que casos como el de Portillo, con todo y lo que pueda haber habido de manipulación, dejan sentado un precedente y si confiamos en que en Guatemala ha de llegar el día en que los ciudadanos nos hartemos de tanta corrupción, se podrá perseguir a los que se han alzado con los bienes públicos disponiendo del patrimonio de la Nación como si fuera el propio.

Minutero:
La comisión bajo la mesa
no es objeto de reparos;
es tan grande la tibieza
que permite los descaros