El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el gobierno nicaragí¼ense de Daniel Ortega iniciaron hoy en Managua la cuarta ronda de negociaciones para la firma de un eventual acuerdo económico, en medio de discrepancias surgidas sobre la fiscalización de la ayuda venezolana.
En la reunión participa una misión técnica del FMI, presidida por Vikram Haksar, y un equipo negociador del gobierno encabezado por el presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Antenor Rosales, informó a la AFP una fuente oficial.
La jornada de trabajo, que comenzó ayer en la sede del BCN, durará 15 días para que las partes puedan consensuar posiciones y elaborar el proyecto de Carta de Intenciones que establecerá los requisitos bajo los cuales el presidente Ortega podrá acceder a créditos internacionales.
«Esperamos en esta ronda terminar los elementos de naturaleza macroeconómica y avanzar en una agenda complementaria de la carta de intención», declaró Rosales en rueda de prensa antes de comenzar las pláticas en la sede del BCN, las que se extenderán hasta el 6 de julio.
Entre los temas pendientes a negociar estaría la participación del Estado en la generación de energía, una reforma al sistema de pensiones y del Estado, así como el fortalecimiento institucional del BCN, explicó Rosales.
Un día antes el representante del FMI en Nicaragua, Humberto Arbulú, dijo a la prensa que no hay un plazo definido para firmar el acuerdo, pero que desde que iniciaron las conversaciones en abril pasado hasta la fecha «se ha avanzado bastante y a una muy buena velocidad».
Arbulú anunció que en esta ronda, la misión del FMI planteará al gobierno de Ortega la necesidad de incorporar la cooperación que recibe de Venezuela, principal aliado de los sandinistas, a las cuentas nacionales para asegurar que las finanzas se manejen de manera «transparente».
El organismo hará sobre todo hincapié en la obligación del gobernante Frente Sandinista de registrar en el presupuesto las operaciones que realice con fondos públicos para comprar los derivados del petróleo que le ofreció el presidente venezolano, Hugo Chávez, con créditos preferenciales.
El espinoso punto provocó reacciones airadas de Ortega, que rechaza cualquier tipo de fiscalización de la ayuda venezolana.
«Me parece positivo que el Gobierno haga uso de recursos de países amigos» como Venezuela para impulsar obras sociales, pero éstos deben ser ingresados al presupuesto «para tener claridad en qué se invierten esos recursos», demandó el lunes el representante.
Aclaró que la petición no es una condición del FMI, sino una norma establecida en las leyes nicaragí¼enses para tener control sobre el manejo de las finanzas públicas, sobre todo de la deuda externa, que el anterior gobierno logró reducir el año pasado a 4.526 millones de dólares, al concluir un largo proceso de ajustes económicos.
Rosales relativizó las inquietudes del FMI sobre el tema y las atribuyó a la falta de una explicación profunda las que serán dadas a la delegación durante las conversaciones en Managua.
«La posición del FMI a medida que se explique a profundidad (lo relativo a la ayuda venezolana) va a ser de comprensión (…) será de satisfacción», confió Rosales.
La preocupación del FMI es compartida por amplios sectores nicaragí¼enses que temen que Ortega endeude nuevamente a Nicaragua, tras la deuda de más de 12.000 millones de dólares que dejó la revolución que dirigió en los años 80.
Esta es la primera vez que el FMI acepta negociar un acuerdo con Ortega, con el ánimo de ayudar al país a saldar el déficit de su débil economía, bajo un programa económico que le garantice estabilidad financiera.
Humberto Arbulú, representante del FMI en Nicaragua.