Si alguna duda pudo quedar sobre la forma en que en los últimos tiempos se ha afianzado el régimen de la impunidad en Guatemala, la misma se tiene que despejar con la situación del comisionado Francisco Da´llanese Ruiz, quien ha comunicado a Naciones Unidas que no continuará más allá de septiembre cuando se vence su contrato. Y es que todo ocurre en el marco de reconocido malestar del Gobierno de Guatemala contra la Comisión Internacional contra la Impunidad por las críticas formuladas por incidencias en el proceso contra el general Ríos Montt.

La CICIG tiene aún dos años más de permanencia pactada en el país, pero para efectos prácticos el experimento ya terminó con pobres resultados al final de cuentas porque nunca hubo verdadero compromiso de los guatemaltecos para sacarle el jugo al apoyo internacional para combatir la impunidad. La Comisión tenía que abrir la brecha para marcarnos el camino y trasladarnos experiencias que permitieran revertir el régimen de impunidad, pero al final de cuentas la tarea no podía ser de extranjeros sino de los guatemaltecos y de su compromiso por resolver uno de los más serios problemas que presenta nuestra estructura como nación, puesto que desde tiempos de la colonia venimos apuntalando un régimen de impunidades que se manifiesta en distintos órdenes de la vida nacional.
 
 La CICIG demostró que es posible hacer investigaciones efectivas aun en casos muy intrincados y complejos, pero también ha quedado en evidencia que lo fundamental de todo es la voluntad de entrarle a los casos. Se demostró la utilidad de bien administradas escuchas telefónicas y de la utilización de medios de prueba científicos que van más allá de la prueba testimonial que ha sido la fundamental para la administración de justicia en Guatemala. Se demostró la existencia de fiscales y jueces correctos y entregados a la causa de la justicia, así como de investigadores con aptitudes y profesionalismo. Todo ello estaba allí antes de que llegara la CICIG y su acompañamiento fue importante para que pudieran lograr resultados.
 
 Pero los poderes establecidos no tienen real interés en que cese la impunidad porque siempre es más fácil tener medios para influir en jueces y magistrados “cuando hace falta”. De esa cuenta no agradó el estilo de torbellino de Castresana ni el bajo perfil del actual comisionado. Y en medio de una oleada nueva de xenofobia, no extraña que una de las primeras bajas sea la misma Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, convertida en paradigma de la presencia extranjera que ahora resulta tan odiosa.

Minutero:
No es casualidad
que la CICIG sufra el efecto
de un gancho tan directo
que apuntale impunidad