Muchos guatemaltecos están convencidos que la intempestiva extradición a Estados Unidos del expresidente Alfonso Portillo, estuvo rodeada de un trasfondo político.
Los más perspicaces coinciden en que fue una cortina de humo para contrarrestar las protestas locales e internacionales por la anulación de la condena de 80 años de cárcel, que un tribunal de mayor riesgo dictó en contra del exjefe de Estado, general Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio y otros delitos.
La situación había alcanzado un nivel preocupante de efervescencia, al grado que muchos de los comentarios más fuertes provenían de distintos círculos de los Estados Unidos, país con el cual el presidente Otto Pérez Molina, cada vez quiere estar más cerca.
El influyente periódico norteamericano The New York Times criticó con mucha dureza la resolución de la Corte de Constitucionalidad, que dejó sin efecto la condena, señalando que fue un serio retroceso que limita los esfuerzos para demandar responsabilidades por los delitos ocurridos durante el conflicto armado interno y avanzar en el proceso de reconciliación.
El diario puntualizó que detrás del fallo estuvo la influencia del presidente Otto Pérez Molina y de la poderosa federación de empresarios. Obviamente se refería al CACIF.
La cortina de humo dio resultado, pues de inmediato el tema de la extradición ocupó el primer plano de las noticias, convirtiéndose en la comidilla de casi todos los sectores sociales.
De esta manera, el tema Ríos Montt, quedó casi al margen, lográndose el efecto de contener la creciente percepción de falta de credibilidad en las instituciones de justicia y de un país que alienta la impunidad.
Los abogados del expresidente Portillo denunciaron que la extradición fue ilegal, pues estaban en trámite varios recursos judiciales, entre ellos, uno de hábeas corpus. Además, el exmandatario se encontraba en proceso de recuperación en el Hospital Militar luego de haber sido intervenido quirúrgicamente. Su médico personal no recibió aviso previo, y por la forma apresurada con que el licenciado Portillo fue sacado del lugar, no tuvo oportunidad de entregarle una receta.
Por si esto fuera poco, el procurador de los Derechos Humanos, Jorge Eduardo De León, dio a conocer que su oficina no recibió ninguna notificación del operativo, a pesar que esa institución era la encargada de velar por el respeto de los derechos del exgobernante en el marco de la extradición, tal como oportunamente lo ordenó la Corte de Constitucionalidad. Dijo que a sus delegados se les impidió acercarse para comprobar el estado de salud en que iba el licenciado Portillo.
El presidente Pérez Molina, ha asegurado que en este caso no se violaron los derechos humanos del licenciado Portillo, pero los hechos demuestran lo contrario, alimentando un sentimiento de frustración y desencanto entre el pueblo de Guatemala.