Las dificultades por consolidar el imperio de la libertad y la democracia en el país provienen, entre otros factores, de los personalismos, integrismos y apasionamientos que hoy también se perciben en el escenario de las más altas decisiones de la vida nacional.
Ya lo dice Jorge Luis Arriola en “Gálvez en la encrucijada”, libro que ha sido felizmente reeditado por la Universidad Rafael Landívar: “si el depositario de la autoridad no se creyese superior a la ley, como lo señalan las constituciones que nos han regido hasta hoy, cualquier régimen se habría afirmado en la confianza del pueblo… pero como lo individual priva casi siempre sobre lo colectivo –otra característica negativa del guatemalteco-, los gobiernos han de sentarse sobre las bayonetas, como suele decirse”.
Hoy vivimos el flagelo de lo que los teóricos que saben de esto le denominan como una “Democracia atrapada”, o lo que es peor “una democracia sin demócratas” y cuando ello sucede, los topos y sus fariseos fascistoides salen de sus madrigueras, como por generación espontánea.
Y queman la hoguera de la esperanza las emociones de aquellos que en tiempos de aires benignos abrazan las ideas de la libertad y el republicanismo, que pasa necesariamente por el impulso y estímulo a la consolidación de un parlamento representativo. Pero como hoy, hasta los partidos políticos y el Congreso se hacen el propio harakiri, poco cuesta mostrar la desacreditación de tal recinto, siendo que ante el vacío de contrapoder se encumbra peligrosa la dictadura de los altos jueces, cooptados por los poderes fácticos.
Vivimos así, hoy en día, una época de “pseudoparlamentarismo decorativo”, y en los medios hacen eco aquellos nietos de los abuelos que aplaudían a Ubico cuando convocaba al Congreso dos veces al año -y tan sólo media hora-, para aprobar ciertas resoluciones precocinadas de antemano; y es que hasta nuestros liberales nunca pudieron en la historia destrabarse de su personalismo autoritario y enfermizo.
Estamos entonces en un entorno que no ha logrado consolidar el Estado de Derecho y la cultura política correspondiente, siendo entonces que imperan instituciones dictatoriales o supralegales, en donde la excepcionalidad se exagera, o se genera, para operar esa concentración de poder.
Y vale decir que estas deformaciones empezaron en los noventa, sembrando poder y notoriedad, en el terreno de lo económico, en donde se imponen leyes sesgadas, en beneficio de intereses creados, o bien se reparten concesiones de territorios y subsuelos, sin que la labor parlamentaria o de consensos democráticos, juegue su papel mediador, en beneficio de una mejor repartición de los frutos del crecimiento. Es entonces la era suprema del atrincheramiento económico también.
Es el imperio entonces de la “supralegalidad democrática”, tan estudiada en algunos países de América del Sur, en donde se ha identificado que la inspiración de tales mentalidades antidemocráticas, viene de teóricos como el alemán Carl Schmitt, quien dicho sea de paso fue el principal jurisconsulto de Adolfo Hitler, y quien justificó la legalidad del ascenso al poder del genocida más famoso de la historia moderna.
Así vemos que, como lo asevera el genial politólogo argentino Javier Flax: “avanzar hacia una mayor justicia no es sólo una cuestión de tiempo. Existen obstáculos de diversa índole que lo impiden. Entre ellos: las técnicas decisionistas de dominación que recurren al pretexto de la excepción y la emergencia para imponerse”.