La impunidad ante los crecientes robos de niños en Guatemala ha llevado a que la gente se tome la justicia por su mano: dos mujeres estuvieron a punto de morir por esa causa a manos de una turba el pasado fin de semana.
En los últimos 12 días, cinco personas, entre presuntos ladrones de niños y supuestos delincuentes, han fallecido a manos de enardecidas turbas en diferentes departamentos del país, mientras que siete más fueron rescatadas por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), tras ser vapuleadas.
Entre los casos más recientes figura el de Esmeralda Guadalupe Bonilla Franco y Gloria Pop Che, de 30 y 24 años respectivamente, quienes fueron vapuleadas por pobladores de la aldea Campur, San Pedro Carchá (Alta Verapaz, norte), acusadas de tener en su poder a tres niños que supuestamente habían robado a su progenitora.
«Nosotras no tenemos nada que ver, quien tenía a los niños en su hogar era mi hermana María Eugenia, pero huyó. Nos pegaron y quemaron nuestra ropa», afirmó Pop a periodistas locales.
Y es que este el sexto caso, en los mismos 12 días, en que pobladores hacen o intentan hacer justicia por mano propia. A criterio de la analista de la Fundación Myrna Mack, Carmen Aída Ibarra, esta situación se produce por la falta de respuesta de las autoridades en materia de seguridad y justicia.
«Al no tener respuesta de las autoridades es más probable que la población se organice espontáneamente ante este tipo de situaciones, especialmente con el robo de niños, pues tenemos años de estar esperando que el Congreso apruebe una ley adecuada para regular las adopciones», afirmó Ibarra a la AFP.
De acuerdo con la analista, en Guatemala las adopciones ilegales han sido un problema que ha ido en crecimiento, toda vez que este fenómeno se ha consolidado en todos los niveles de la sociedad guatemalteca.
«A estas alturas se podría considerar como una rama del crimen organizado, pues últimamente el actuar de estas redes (dedicadas a las adopciones) se ha orientado a la sustracción de los menores, pasando por encima de la voluntad de las madres de vender o entregar en adopción a los infantes», subrayó.
De acuerdo con los registros de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) de Guatemala, mientras en 2006 se conocían alrededor de 50 casos mensuales de sustracción de menores, en lo que va del año se han recibido hasta 100 denuncias cada mes.
De esa cuenta, desde el 14 de junio pasado una mujer sindicada de robo de niños ha sido linchada, mientras que seis más se han salvado de morir en esas condiciones; en tanto, por presumir su responsabilidad en diferentes hechos delictivos otras cuatro personas fueron lapidadas y una más resultó vapuleada.
«Llama la atención que en este tiempo (previo a las elecciones generales de septiembre próximo) se recrudezcan este tipo de hechos, pues primero fueron los asesinatos de pilotos de buses urbanos, ahora el robo de niños; podría tratarse de un fenómeno sociopolítico donde se incrementan muchos aspectos relativos a la criminalidad», concluyó Ibarra.