La deportación de Alfonso Portillo, que según una nota del New York Times se aceleró para tratar de esa manera de limpiar un poco la deteriorada imagen de nuestro país tras el fallo de la Corte de Constitucionalidad que anuló la sentencia a Ríos Montt, nos tiene que obligar a una seria y profunda reflexión sobre el tema de la forma en que se ejerce el poder en Guatemala porque en honor a la verdad, únicamente sirve para enriquecer a quienes lo alcanzan, a sus allegados y, de manera muy especial, a los que les financiaron sus campañas políticas.

En primer lugar hay que decir que algunas de las cosas “escandalosas” del caso Portillo son moneda de curso corriente en la forma en que se comportan nuestros gobernantes. Se le acusó de usar las partidas secretas del Ejército para su beneficio personal, pero no olvidemos que desde que la reforma constitucional prohibió los confidenciales en tiempos de Ramiro de León Carpio, se empezó a usar ese procedimiento para mantener el flujo de dinero al que estaba acostumbrada la Presidencia y así han actuado prácticamente todos los gobiernos que únicamente en el secreto de los gastos militares pueden encontrar fondos para utilizar sin rendición de cuentas.
 
 El otro asunto que ha provocado la intervención de Estados Unidos es el supuesto aprovechamiento personal de una donación de Taiwán para dotación de bibliotecas populares. Los cheques, que todos hemos visto reproducidos en la prensa, fueron girados a nombre del ciudadano Alfonso Portillo y entregados durante la campaña. No fueron donaciones al Estado de Guatemala, sino un obsequio, verdadero soborno, que han recibido prácticamente todos nuestros gobernantes de manos de los diligentes diplomáticos de Taiwán que mediante esa práctica se aseguran que nuestras autoridades no cambien de parecer con respecto a las relaciones diplomáticas con ellos. Sobornos iguales fueron entregados también a otros presidentes centroamericanos y únicamente en Costa Rica se procesó a un mandatario por ese crimen.
 
 Por supuesto que por esos actos de corrupción se tendría que procesar no sólo a Portillo sino a cualquier otro gobernante que se haya embolsado el soborno de los taiwaneses y el dinero de las partidas secretas del Ejército usadas como gastos confidenciales. Ya con eso, prácticamente todos los que han pasado por el poder tendrían que irse al bote y debieran ser juzgados por las leyes guatemaltecas debido a sus prácticas de corrupción.
 
 Pero si queremos ser honestos como ciudadanos, tendríamos que exigir castigos proporcionales y en ese sentido hay que ver que los que piñatizaron los bienes de la Nación tendrían que pagar mucho más, no sólo en virtud de su mayor enriquecimiento, sino como consecuencia del daño causado al país al despojarlo de valiosos bienes. No digamos los que han otorgado concesiones leoninas que no dejan ningún beneficio al país, salvo el dinero que se embolsan los políticos que tienen la facultad de otorgar esos favores. O quienes han dado licencias de explotación de la minería o quienes compran bienes a precios exorbitantes, incluyendo las medicinas, lucrando así con las necesidades del pueblo.
 
 Toda la obra pública en Guatemala es parte de ese juego de la corrupción en donde hay que hacer pagos a los funcionarios que firman los contratos y luego tienen que hacerles pagos también muy fuertes a los encargados de administrar el presupuesto, porque maliciosamente retardan los cheques.
 
 Yo creo que es indispensable el castigo a cualquier acto de corrupción que se cometa, pero me parece que tenemos que ser parejos en la administración de justicia y no estimar que únicamente con un caso, donde la pita revienta por lo más delgado, ya cumplimos con nuestro deber.