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Pero las restricciones que resguardan la información pública están cuidadosamente planificadas y resultan efectivas para quienes evaden la fiscalización ciudadana.

¿Cuánto ganan los diputados y sus asesores? Aunque la Ley de Acceso a la Información les faculta para solicitar y exigir datos públicos, los ciudadanos no pueden responder una pregunta sencilla acerca de sus propios representantes.

Incluso, periodistas, analistas y los mismos diputados encuentran limitaciones para acceder a informaciones de aspectos básicos sobre el Organismo Legislativo, pero que están muy bien resguardadas a lo interno del Congreso de la República.

«Ni yo misma tengo acceso a todos los datos de la Junta Directiva y del Congreso», reveló a La Hora una diputada que habló desde el anonimato. «Las reservas están en los puntos más frágiles», explicó.

Paradójicamente, el organismo estatal que aprobó la normativa para garantizar el acceso a la información, es uno de los que más ocultan información y restringe la fiscalización ciudadana.

Y aunque parece una casualidad que haya dificultades para conseguir la información pública, se trata de algo bien articulado y programado dentro del Congreso.

LA MISMA PRÁCTICA

El año pasado cuando Pedro Muadi, actual presidente del Congreso, fue electo, una de sus principales promesas fue hacer del Legislativo una institución “más transparente”, pero poco duraría el discurso de buenas intenciones que se prometían.

Muadi siguió los pasos de su antecesor en la Presidencia y compañero del Partido Patriota (PP), Gudy Rivera; la estrategia política de ambos se concentra en alcanzar consensos mediante reuniones a puerta cerrada o llamadas telefónicas.

A pesar de que aseguran que en el Congreso todo es transparente, los dos presidentes del PP no han logrado evitar esas conversaciones privadas, de las cuales resultan leyes aprobadas.

Aunque el actual Presidente cuenta con un importante equipo de relaciones públicas que administra sus cuentas en redes sociales y la información que se difunde a los medios de comunicación, conseguir una entrevista presencial o telefónica con Muadi es tarea complicada.

SIN CUMPLIRSE LA LEY

El Congreso cuenta con una página en Internet y una Unidad de Acceso a la Información, que débilmente cumplen con lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública, aprobada en 2008.

El portal del Organismo Legislativo –www.congreso.gob.gt–, al igual que los diputados, no trabaja todos los días y no siempre está disponible para quienes lo necesitan.

La página no funciona los sábados y domingos, y se encuentra desactualizada, al punto que a veces da la impresión que todavía estuviera la legislatura del gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

En legislaturas pasadas, el portal fue esencial para fiscalizar la presencia de diputados en el hemiciclo, sus votaciones y para dar seguimiento a las sesiones parlamentarias.

PUERTAS MEDIO ABIERTAS

Todos los guatemaltecos y extranjeros pueden tener acceso al Palacio  Legislativo ubicado en la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Si quisieran, podrían presenciar las sesiones plenarias, las reuniones de comisiones y los encuentros de la instancia de jefes de bloque, con el propósito de supervisar que los representantes estén haciendo bien su trabajo.

Pero las actividades públicas solo representan la mitad de los hechos que acontecen en la política parlamentaria. En el reportaje de La Hora “Los negocios del Congreso se hacen a “puerta cerrada”, varios congresistas dijeron que lo que se aprobaba en el Palacio Legislativo, no se consensuaba con las “puertas abiertas”.

La autora de este artículo solicitó el año pasado el currículum vitae de cada uno de los legisladores a la Unidad de Acceso a la Información del Congreso, para la elaboración de notas periodísticas.

Dos veces se envió la carta que solicitaba los 158 currículum vitae de los representantes legislativos.

La primera vez, la coordinadora de la unidad dijo que los diputados se negaban a entregar dichos documentos porque incluían “datos sensibles”, como el número de cédula o Documento de Identificación Personal (DPI), así como direcciones de domicilios y datos de contactos privados,

La Ley de Acceso a la Información, en el artículo 9 e inciso 2, establece como “datos sensibles” los que se refieren a las características físicas, morales, o hechos y circunstancias de su vida privada, tales como hábitos personales, origen racial, creencias, estado de salud, ideologías u opiniones políticas. Pero si el número de cédula era un problema, la misma ley establece en el artículo 32 en la excepción de conocimiento en el inciso 5 que es pública toda información contenida en “Registros públicos”, uno de ellos es el Registro Nacional de Personas (Renap).

Las encargadas de la Unidad de Acceso a la Información nunca mencionaron que el diputado no daba consentimiento, porque no quería dar a conocer sus niveles académicos y centros de estudio; la única justificación que daban era “que había datos sensibles”.

En la segunda ocasión sólo se especificó que se quería obtener el grado académico y los lugares de estudio donde habían sido realizados. La respuesta de nuevo fue que los diputados no lo querían dar porque incluía “datos sensibles”, aunque dicha información no estuviera establecida en el inciso 2 del artículo 9.

Además, destaca la contradicción de que en la página web del Congreso –cuando funciona– en el perfil de cada congresista existe un espacio para que se agregue el currículum vitae de cada uno de ellos, pero esto tampoco se cumple.
 
Actualmente sólo la bancada Lider y el diputado independiente José Alejandro Arévalo incluyen una breve información sobre su historial académico y laboral.

En una tercera vez, el año pasado, también se solicitaron por medio  de la  Unidad de Acceso a la Información, las actas de las sesiones de comisiones, ya que no estaban disponibles en la página web, ni en Dirección Legislativa, donde se supone que se debe de entregar documentos de inmediato.

El proceso se hizo mediante la Unidad de Acceso a la Información, que notificó a las comisiones el día antes que se supone que me deberían entregar la información.

Debido a esto, el día de entrega dicha Unidad envió una carta de prórroga con la excusa que muchas comisiones no habían enviado la información.

Nunca se recibió la información y meses después las comisiones fueron actualizando la página web del Congreso.

INCUMPLIMIENTO

La coordinadora de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información de la Procuraduría de los Derechos Humanos,  Aricel Carva, explica que en dado caso no se cumpla con la normativa, se tendría que pedir una revisión a la máxima autoridad para que entregue la información.

En el caso mencionado tendría que ser un diputado, explicó.

Según Carva, esto se debe de hacer durante los primeros 15 días, después que hayan transcurrido los diez días hábiles que establece la Ley para que se entregue la información.

A partir del día 15 la máxima autoridad del sujeto obligado tiene cinco días para resolver la solicitud; puede que den la información o que no lo hagan. Si no lo hacen, se debe asistir a la Corte de Constitucionalidad a interponer un amparo o al Ministerio Público, si se considera que se está realizando obstrucción de información, agrega la coordinadora.

Carva añadió que el solicitante puede pedir asistencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) donde se analiza si la información que se está solicitando se puede emitir o no, además, si se dilató la entrega de lo solicitado, pero comentó que lo único que puede hacer el Procurador de los Derechos Humanos es emitir una resolución.

SIN VOLUNTAD

El licenciado de Comunicación Política y Opinión Pública de la facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Rafael Landívar, Silvio Gramajo, indicó que la página de Internet del Congreso permanece en malas condiciones, no por un simple descuido, sino por falta de voluntad de los congresistas para ser transparentes, “o intentar que la transparencia tenga horarios como la de ellos”.
 
El experto en opinión pública comentó que la transparencia es la cualidad de democracia y del ejercicio del poder. Por lo tanto la gente que ejerce el poder, debe ser transparente.

Gramajo recalcó que la ley no obliga de la web, lo que obliga es que la información de oficio sea de acceso público y no está sometida a la solicitud de información, “que no esté funcionando es porque no quieren ser transparentes y ya”. Agregó que la ley se está cumpliendo a medias.