El presidente Otto Pérez Molina destacó ante la Alianza del Pacífico el negocio que hizo con la  empresa de Transportes de Contendores Quetzal en el Puerto Quetzal;

El mandatario destacó el usufructo como un avance del país, dicho proyecto ha sido ampliamente cuestionado en cuestiones de forma y fondo, y deja muchas dudas sobre el concepto que se tiene en el país de “certeza jurídica”. Entre tanto juristas consideran que en el caso concreto del usufructo al Puerto Quetzal es “un atropello a las leyes” lo cual evidencia una falta de certeza jurídica que debe prevalecer.

Carlos Molina Mencos abogado constitucionalista considera que el Estado no puede hacer lo que quiere, sino lo que la Ley le permite hacer, entonces el Estado no está para otorgar un usufructo, además, indica que la “Ley no se hizo para hacer interpretarla sino para ser cumplida”.
Molina dice que el usufructo es un contrato en el cual se le da el uso de un bien a un tercero, si el bien es estatal para dar ese uso se da por concesión, entonces en este caso hay un fraude de ley porque se está utilizando una figura para disfrazar la figura real.
A criterio del abogado se debe de cumplir con la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, porque se están enajenando bienes nacionales, lo cual implicaría concurso, subasta etc. Que es un proceso que debió de llevar el usufructo porque de lo contrario se están haciendo “chinche los bienes nacionales”.
Molina Mencos señala que si el propio Estado violenta la ley, ¿quién la respetará?, entonces el usufructo es una forma de interpretación errónea de la ley para justificar una concesión sin las obligaciones de la concesión.
“Disfrazar una concesión para quitar una serie de obligaciones al concesionado” por lo que es un “monstruosidad”, ya que se están dando bienes del Estado a una empresa extranjera para que los usufructúe sin pagar nada, señala.  
Entre tanto Rodolfo Rohrmoser indica que lo en el usufructo se evidencio fue una perfecta elución de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, lo cual se implica un fraude de ley.
Rohrmoser señala que en los últimos gobiernos se ha perdido la ruta, pues no se busca el bien común, sino más bien el individual y consecuentemente se viola a la Constitución, e indica que es una falta de certeza jurídica porque no se está cumpliendo con las leyes, o se cumplen con a la manera de quienes las interpretan, pero no se cumplen con el espíritu de la ley.
Renzo Rosal director de Incidencia Política de la Universidad Rafael Landívar, señala que la certeza jurídica es un concepto que no es para nada claro ni preciso el cual se presta a muchos tipos de manejos.
Rosal indica que en la operación de entregar en usufructo el Puerto Quetzal evidencia la falta de trasparencia en la operación, que hasta el día de hoy aún no se encuentra claro.