Organizaciones campesinas, sociales e indígenas y de derechos humanos manifestaron hoy para mostrar su rechazo a la resolución emitida el pasado lunes por la Corte de Constitucionalidad, anulando la condena de 80 años de prisión a Efraín Ríos Montt, por genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad.

Para Daniel Pascual, el movimiento es una marcha de indignación al abuso y atropello de la CC, por los magistrados que dieron lugar al ocurso presentado por los abogados de Efraín Ríos Montt, donde pedían enmendar el procedimiento.

“Para nosotros es un abuso de funciones, a la independencia de poderes, y el nivel de manipulación e impunidad en las instituciones públicas del país”, expresó el líder campesino. Asimismo, agrega que los miembros de la Cámara de Industria fueron quienes obligaron a anular el proceso legal.

Por su parte, Jorge Santos, de CIIDH, indica que la movilización estuvo acompañada por más de 70 organizaciones, para rechazar la ilegal resolución que la CC emitió el lunes pasado.

“La CC, de manera ilegal y extralimitándose en sus funciones, resuelven anulando parte del proceso, lo cual nos parece que coloca indefensos a los sobrevivientes ixiles, a los querellantes y abogados que estuvieron presentes, y sin duda alguna es un golpe devastador para la funcionalidad pública en materia de justicia en el país”, opinó Santos.

Según el representante de CIIDH, esta movilización se da de manera simultánea también en rechazo a la resolución, en algunos países latinoamericanos como El Salvador, Honduras, Nicaragua, Perú, México y Argentina.

La manifestación partió de la Cámara de Industria, pasando por la Corte Suprema de Justicia, y finaliza en la Corte de Constitucionalidad, donde Jorge Santos indica que representantes de las Coordinadoras de Víctimas del Conflicto Armado Interno en Ixcán, entregarán firmas de comunitarios, exigiendo que se revoque el fallo, junto con los tres recursos de aclaración que presentó CALDH el día lunes.

Nery Rodenas, de CALDH, menciona que la decisión de algunos magistrados de la CC ofende al pueblo guatemalteco, pues el proceso judicial contra Ríos superó muchos obstáculos para obtener una sentencia que era histórica en su momento en nuestro país, y que la decisión daña a la justicia que se estaba buscando.

“Creo que es una decisión ilegal e inadecuada y por eso venimos a mostrar nuestro rechazo, pues no tiene sustento jurídico y congruencia con el debate, pues la CC se tomó atribuciones que le correspondían a un tribunal ordinario”, aclaró Rodenas.

Respecto a estas movilizaciones, Andrés Castillo, de CACIF, menciona que el sector empresarial no presta atención a este tipo de hechos, pues indica que ellos están acostumbrados a bloquear calles y hacer pintas en propiedad privada, en vez de manifestarse por la vía legal.

“Lamentamos que estas personas no quieren que el país progrese y esperamos que las autoridades estén pendientes por si se cometen actos ilegales y que sean castigados”, dijo Castillo.

Respecto a los señalamientos de las organizaciones, aclara que el CACIF solo emitió su opinión y postura para que se revisara el cumplimiento del debido proceso en el caso, y que tanto el CACIF como el sector empresarial seguirán manifestándose por las vías legales.